(La Tercera) A 72 horas de su entrada en vigencia, la Ley de Lobby ya comienza a mostrar algunos resultados.
La normativa -aprobada a inicios de año, pero que demandó un plazo para poder ser implementada- busca transparentar la acción de grupos de interés que pretendan influir en las decisiones de las autoridades políticas.
Para ello, la mayoría de las instituciones del Estado cuenta con un registro público de lobistas o gestores de intereses. Así, según la información que entregan los 23 ministerios y las ramas del Congreso, hasta el momento hay cerca de 13 personas, agencias u organizaciones no gubernamentales que se han inscrito voluntariamente.
La ley -que también obliga a las autoridades a transparentar sus encuentros con estos grupos de interés- identifica como lobista a la persona o entidad que realiza gestiones como intermediario y en forma remunerada (por ejemplo agencias o consultores). Si esa labor no es remunerada y es ejercida por un representante directo, a ese grupo o persona se le denomina “gestor de intereses” (por ejemplo un dirigente sindical, de una ONG o de un gremio empresarial).
Así, en los registros públicos figura la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), que agrupa a los principales gremios empresariales. La CPC se anotó como “gestor de intereses” en 12 ministerios (Interior, Secretaría General de la Presidencia, Hacienda, Trabajo, Relaciones Exteriores, Desarrollo Social, Educación, Economía, Justicia, Energía, Obras Públicas y Secretaría General de Gobierno). Con esta acción, la multigremial transparenta su interés en influir en decisiones de las autoridades al mando de esas carteras. Por su parte, la ley también obliga a aquellos altos funcionarios o servidores públicos a transparentar sus reuniones o conversaciones con los representantes de la CPC.
“Queremos ayudar a la aplicación de las normas de transparencia y cumplir la ley de inmediato. Por eso hemos tomado una actitud proactiva, destacando nuestra calidad de gestores de intereses particulares, distinta a la de un lobista, donde tenemos relación con el gobierno y el Congreso e intentamos hacer ver nuestros puntos de vista”, dijo a La Tercera Fernando Alvear, gerente general de la CPC.
En tanto, en los registros del Congreso también figuran como gestores de intereses dos organizaciones pro transparencia: la Fundación Ciudadano Inteligente y Chile Transparente.
Agencias de lobby
En las nóminas de lobistas, en tanto, la agencia de comunicaciones Azerta, propiedad de Cristina Bitar y Gonzalo Cordero, se inscribió en 16 ministerios y en el Senado.
También en los listados aparecen otras firmas que realizan asesorías e intermediación de intereses ante autoridades como Extend (empresa de los hijos del ex ministro del Interior, Belisario Velasco: María de la Luz, Pilar, Ana María y Felipe), la agencia Grupo Etcheberry (fundada por la abogada, empresaria y ex superintendenta de isapres, María Elena Etcheberry) y la sociedad Comunicación Estratégica Ltda.
Además figuran en algunos registros personas naturales como Felipe del Solar (director de Extend), Nelson Urrutia (socio de Grupo Etcheberry), Miguel Ángel Cortés, David Peters, José Joaquín Jara y Gustavo Lagos Cruz-Coke.
Si bien la ley permite que los lobistas o gestores de intereses se registren voluntariamente, dice que deben ser inscritos obligatoriamente por la autoridad, cuando soliciten audiencias.