(La Tercera) En suspenso y en su punto más álgido quedó este lunes la relación de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y el gobierno, tras la primera reunión en el Ministerio de Hacienda, de cara al proyecto de reforma laboral que el Ejecutivo comprometió enviar al Parlamento el 29 de este mes.
Tras meses de negociaciones radicadas en Trabajo, esta semana el titular de las Finanzas Públicas, Alberto Arenas, se sumó a la primera línea de diálogo. No obstante, la cita culminó con los representantes de la CUT saliendo molestos de Teatinos 120, acusando nulo avance en los temas pendientes.
A 12 días de que la agenda laboral llegue al Congreso, las demandas que condicionan el respaldo de la Central se concentran en cuatro puntos: modificar los artículos 159 (regula las normas sobre despido), 161 (permite desvinculaciones por necesidades de la empresa) y 234 (sobre derecho a huelga en empresas estratégicas), además de autorizar la negociación colectiva interempresas.
El vicepresidente de la CUT, Nolberto Díaz, cuestiona el argumento de las autoridades (de que se trata de puntos que no integran el programa de gobierno) para no entregar una opinión definitiva. “Se trata de voluntad política. Son temas que una reforma laboral, que los trabajadores esperamos hace más de 25 años, no puede obviar. De lo contrario, no tendrá sentido”, enfatizó.
Sin embargo, la ministra del Trabajo, Javiera Blanco, destacó la disposición del Ejecutivo a seguir avanzando: “El gobierno ha tenido y seguirá teniendo hasta el 29 de diciembre, como trabajo prelegislativo, la mejor de las voluntades para seguir escuchando a todos los actores involucrados”.
El presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Andrés Santa Cruz, insistió ayer en que el país existe “un deterioro en las confianzas y mayor nivel de incertidumbre”, además de “una serie de proyectos donde el que más me preocupa es el tema laboral”.
Ad portas de nuevas reuniones con los trabajadores, Hacienda evalúa incluir otras medidas al borrador diseñado por Trabajo. Fuentes de gobierno señalan que, por ejemplo, una alternativa a derogar o cambiar el artículo 161 es elevar las multas por prácticas antisindicales. Ello, si tras una negociación colectiva hay despidos invocando “necesidades de la empresa”.
Otro de los puntos que aún se debaten es el piso mínimo. Si bien está resuelto que los beneficios del contrato colectivo serán la base de la nueva negociación, no hay claridad de si estos incluirán el reajuste por inflación. Además, desde el Ejecutivo aclaran que tal piso “dependerá de la realidad de la empresa”. Esto significa que si una compañía argumenta estar en crisis o con pérdidas, las condiciones podrían cambiar o incluso podría aplazarse la negociación colectiva en un año. En esos casos, se activaría el rol de un panel de expertos, institucionalidad que Hacienda evalúa crear en este proyecto.
A diferencia de la Dirección del Trabajo, esta instancia podría pedir a las firmas información financiera -manteniendo reserva del detalle- para detectar en qué situación real está. Desde el gobierno afirman que se trataría de una entidad independiente, integrada por expertos en la materia que podrían tener opinión vinculante y un rol intermediador en la negociación colectiva. Si bien no está claro si tendrán dedicación exclusiva al panel, tendrían ciertas inhabilidades, como estar vinculados o prestar asesorías a alguna de las partes.
No hay una decisión tomada, pero desde el oficialismo aseguran que lo más probable es que la agenda o reforma laboral ingrese al Congreso por la Cámara de Diputados. Por eso, el presidente de la Comisión de Trabajo, Tucapel Jiménez (PPD), inició contactos con su par del Senado, Adriana Muñoz (PPD), y los senadores Juan Pablo Letelier (PS) -quien presidirá la comisión en 2015- y Carolina Goic (DC).
Barajan fusionar el trabajo de las comisiones para el análisis del proyecto. Así, pasaría directamente a la sala de la Cámara Baja y luego a la Cámara Alta. El objetivo, aseguran, es que el nuevo esquema de negociación colectiva pueda ser ley antes del 1 de mayo, cuando se conmemora el Día Internacional del Trabajo.
Este jueves la Comisión que lidera Jiménez asistirá a una reunión con la ministra Blanco. Ese día, en la tarde, las autoridades volverán a tener una cita con la CUT, que podría ser clave para definir el apoyo de los trabajadores. Estos, someterán la decisión a la discusión del consejo nacional que tendrán el viernes.