(La Tercera) El 10 de febrero, el fiscal Pablo Gómez envió al Departamento de Justicia de Estados Unidos un oficio reservado pidiendo asistencia internacional para investigar a SQM.
Con ese documento, de 10 páginas, el Ministerio Público chileno busca colaboración del Office of International Affairs (OIA) -división del Departamento de Estado- para “recabar todos los antecedentes que sean necesarios para esclarecer los hechos investigados y determinar, de esa manera, la eventual responsabilidad que pudiera caber en ellos a o los imputados”.
Sobre este punto, se explica que si bien el estudio de abogados estadounidense Shearman and Sterling LLC -contratado por la minera- analizó 3,5 millones de documentos relativos a pagos cuestionados, la fiscalía accedió a un número inferior de antecedentes, “lo que permitiría suponer que se ha omitido u ocultado información relevante”.
Para explicar los alcances de la investigación en Chile, el fiscal Gómez detalló en el oficio la existencia de “diversos pagos, efectuados por SQM, a distintas empresas y personas respecto de los cuales no existe evidencia de haberse realizado los servicios que los justifiquen y utilizando facturas y boletas como gastos en las declaraciones anuales de renta, con lo cual se ha sustraído dinero a SQM S.A para destinarlo al pago de campañas electorales de diversos políticos chilenos”.
En el texto se señala que “se ha disminuido la base imponible sobre la cual se calculan los impuestos, existiendo tributos sin pagar en la oportunidad correspondiente”. Y se agrega: “Al descubrirse estos pagos sin justificación, la misma empresa solicitó al Servicio de Impuestos Internos la rectificación de sus declaraciones de impuestos. El monto involucrado asciende en el período 2009 a 2014 a más de US$ 11 millones. Todos los pagos fueron autorizados y dispuestos por el gerente general de SQM, a esa fecha, el señor Patricio Contesse González”.
Presidentes y partidos
En el mismo documento, el fiscal Gómez explicó que en el curso de la investigación se detectaron “pagos, sin que exista un servicio a cambio, por parte de SQM a personas naturales o jurídicas vinculadas objetivamente a los siguientes partidos políticos: Unión Demócrata Independiente, Renovación Nacional, Democracia Cristiana, Partido Regionalista Independiente, Partido Radical, Partido Progresista, Partido por la Democracia y Partido Socialista”.
En el mismo orden de ideas, se detalla que también hubo “personas naturales o jurídicas asociadas objetivamente a las campañas presidenciales de los ex presidentes Eduardo Frei y Sebastián Piñera; y de la actual Presidenta Michelle Bachelet”.
A fin de recabar mayores antecedentes de las actividades en EE.UU., el Ministerio Público solicitó “formalmente colaboración a las autoridades norteamericanas con el objeto de requerir al Securities and Exchange Commision (SEC) de EE.UU. una copia de todos los antecedentes entregados por la empresa Sociedad Química y Minera S.A., y que corresponden al reporte elaborado por Sherman and Sterling LLC, y que fueron informados como hechos relevantes ante la Superintendencia de Valores y Seguros de Chile, entre otros organismos”.
Los nuevos delitos que se investigan, dice el documento, corresponden a apropiación indebida, “otorgamiento de contrato simulado en contra de la misma, imputaciones indebidas en perjuicio del Fisco de Chile, omisión maliciosa en la declaración de impuestos y facilitación de facturas falsas”. Todos estos ilícitos, explicó Gómez en el escrito, “están sancionados con penas superiores a un año de privación de libertad”.
Uno de los antecedentes que la fiscalía detalla es el rol que habría tenido el ex gerente general de SQM Patricio Contesse. Según el documento, el otrora ejecutivo “empleó procedimientos dolosos encaminados a desfigurar el verdadero monto de las operaciones realizadas por la sociedad o a burlar el impuesto que como contribuyente aquella debía pagar, al haber resuelto e instruido el registro e incorporación en la contabilidad de la sociedad y en las declaraciones juradas respectivas, boletas de honorarios y facturas ideológicamente falsas, y la presentación de declaraciones de impuesto maliciosamente falsas”.
Para ello, dice el documento, 891 boletas de honorarios y 222 facturas falsas fueron pagadas por un monto total de $ 5.430.342.885, las que “fueron registradas e incorporadas en la contabilidad de la referida sociedad entre los años 2009 y 2014”.
Este no es el primer acercamiento entre ambos organismos de persecución penal, ya que a fines de enero funcionarios del equipo anticorrupción de EE.UU. contactaron a la fiscalía para conocer del caso SQM.