(Diario Financiero) El mundo académico del sector tributario tiene mucho que decir sobre el caso del presunto fraude al Fisco de los hermanos ligados a Ripley, Marcelo y Alberto Calderón Crispín, por al menos $12.200 millones (US$ 21,6 millones), que fueron denunciados por el Servicio de Impuestos Internos (SII).
Miguel Ángel Díaz (M.D) es director del Centro de Auditoria, Riesgo y Cumplimiento de la Universidad de Chile y, además, coordinó un informe realizado por el centro en el marco del Caso La Polar. Gonzalo Polanco (G.P), en tanto, es director ejecutivo del Centro de Estudios Tributarios de la misma casa de estudios. Ambos dan a conocer su visión del proceso que ahora está en manos del fiscal Carlos Gajardo.
-Muchos dicen que el FUT es un mecanismo que cumplió un ciclo y que hay que cambiarlo, ¿cree que pasa lo mismo con el beneficio del artículo 14 bis?
-G.P: Sin duda, es un mecanismo que se ha prestado para abusos, al igual que el FUT. El artículo 14 bis existe desde 1991 y ha tenido varias modificaciones justamente porque se han detectado muchas elusiones y abusos con este mecanismo. Por algo la reforma tributaria propone eliminarlo, pues hay cierto vacío legal. Este mecanismo estaba pensado para ayudar a empresas pequeñas, pero ocurre que algunos grandes empresarios han dejado parte de sus utilidades en las firmas 14 bis y de esta manera postergan su pago de impuestos.
-¿Qué le parece la acusación a los hermanos Calderón ?
-G.P: Es difícil calificar con los antecedentes dados a conocer, aunque a simple vista me parece que se realizó una planificación tributaria poco cosmética y agresiva.
-En caso que se informe en todo momento al SII del acogimiento al 14 bis, ¿puede haber espacio para que exista un ilícito o mal uso?
-M.D: Así es, porque si alguien publica en el diario que está cometiendo un delito, eso no evita el hecho en sí mismo. Puede ser que el SII haya sido negligente al no haber analizado correctamente la información que se estaba presentando; por otro lado puede que acogerse al 14 bis esté en la legislación, pero cuando se investiga por delitos, hay que ver cuál es el fin que se está persiguiendo. El objetivo del 14 bis es simplificar las operaciones para una empresa de tamaño pequeño que tiene dificultades para tener una administración más profunda. En este caso, se trataría de empresarios con prestaciones muy superior al patrimonio permitido y que utilizan una herramienta que no les corresponde.
-Si esto ocurrió en 2008-2009¿por qué estalla ahora?
-G.P: Este tema se da en un contexto de discusión de la reforma tributaria y justamente un elemento que está en la mesa son las facultades del SII y la norma general anti elusión. Creo que este tema se ha estado investigando de antes, a lo menos desde el año tributario 2010.
-El SII está investigando delitos tributarios por un perjuicio fiscal mayor a los $156 mil millones, ¿es preocupante esta cifra o está dentro de los parámetros?
-M.D: Está dentro de los parámetros de todos los años. Esto ha tomado fuerza desde la gestión anterior del SII, donde se pusieron más exigentes en cumplir con sus fiscalizaciones. Lo preocupante es que esto no se haya investigado antes. Hace cinco o seis años había un temor a las empresas grandes.
-Si hubo avances en la administración anterior, ¿por qué no reventó antes este caso?
-M.D: La diferencia es la publicidad que se está dando. Lo más probable es que ahora se esté aprovechando la coyuntura para demostrar la necesidad de la reforma tributaria y de fortalecer al SII con nuevas atribuciones.
-¿Qué medidas urgen al SII para evitar estos casos?
-M.D: Se debe fortalecer el conocimiento de delitos tributarios de los fiscalizadores.
-¿Cuánto tiempo toman este tipo de investigaciones?
-M.D: Si los antecedentes son claros, podría durar un año. Pero si se complica o hay muchas trabas que genere el defensor, podría durar fácilmente unos dos o tres años.
-¿Qué penas o multas arriesgan los hermanos Calderón en caso que sean efectivos los delitos?
-G.P: Según la información señalada, tendría una multa que iría desde la devolución del 50% al 300% de los impuestos eludidos, y además, podría haber una pena de presidio menor en sus grados medios a máximo, desde 541 días de cárcel a cinco años.