En enero, el equipo jurídico de la familia Domínguez, compuesto por los abogados Carlos Figueroa y Patricio Escobar, recibió una llamada para juntarse con MPX. Había pasado más de un año desde las primeras tratativas, que no prosperaron.
La cita fue en las oficinas de Claro y Compañía, con representantes de MPX. Ahí se dieron cuenta de que esta vez el brasileño estaba dispuesto a transar algunos aspectos del proyecto de US$ 4.400 millones, que inició su tramitación ambiental a fines de 2008, proceso que fue suspendido en enero de 2010. «Fue la primera vez que realmente vimos que existía disposición. Como la oposición de Gonzalo Domínguez tenía objetivos bien claros seguimos adelante», dice el abogado de la familia Domínguez, Patricio Escobar.
A partir de la segunda reunión intervino el gerente general de la central Castilla, Pedro Litsek. La abogada de MPX, María Paz Cerda, y el gerente ambiental, Gustavo Salir, acompañaron a los abogados José María y Nicolás Eyzaguirre en el proceso.
Desde fines de 2009 que el grupo eléctrico conocía las exigencias de la familia Domínguez para despejar la oposición al proyecto, que comprende seis centrales a carbón. Las peticiones de los vecinos de la Hacienda Castilla eran claras y estaban detalladas en un pliego compuesto por 47 puntos. Ahí, pidieron que MPX les traspasara un terreno de 100 hectáreas continuas a los predios de la familia. En la negociación de este año se aceptó cederlo, pero no a ellos, sino a una fundación, que se encargará de administrarlo.
Patricio Escobar explica que hace un año hubo varios llamados, pero nunca se concretó una reunión. Lo que entrabó los acercamientos fue la calificación de «contaminante» que la seremi de Salud Pilar Merino hizo de Castilla en enero de 2010. Con ese denominativo, comenzó la batalla judicial.
Ahora, la principal petición de MPX fue que Domínguez se comprometiera a no colocar nuevos recursos que interfieran en el proyecto. En cambio, los opositores pusieron sobre la mesa los mismos 47 puntos de la petición original.
MPX optó por entregar el terreno de su Hacienda Castilla a una fundación, que se encargará de crear un área de preservación ecológica. Para ello, aportará US$ 9,5 millones cuando la central logre todos los permisos ambientales. La fundación partirá con US$ 500 mil y su administración estará a cargo de un directorio de tres personas: un representante de MPX, uno de Domínguez y un tercero de la comunidad. Todos tendrán iguales atribuciones, y los proyectos que elijan deberán ser avalados y patrocinados por entidades de prestigio ambiental.
A Domínguez le interesaba el terreno para quedar resguardado frente a desarrollos que pudieran existir cerca de sus predios. De hecho, otra petición importante fue que MPX no convirtiera la zona en un polo industrial semejante a Ventanas.
El listado propuesto por Domínguez en las negociaciones también contenía «medidas y solicitudes concretas, relativas al transporte y almacenamiento del carbón y de las cenizas. Además, incluía una observación que tiene que ver con la magnitud de la central termoeléctrica», dice Escobar. Agrega que la petición de someter a una auditoría para evaluar el impacto de las primeras cuatro centrales, antes de desarrollar la quinta y sexta unidad, fue compleja, porque sólo si se cumple ese requerimiento se puede avanzar con el resto del proyecto.
Gobierno extiende plazo
Retroceder al 19 de enero de 2010. Esa es la decisión que ayer tomó la Comisión de Calificación Ambiental de Atacama para retomar la tramitación de la central térmica Castilla. Eso, luego que la entidad aprobó, por unanimidad, el pronunciamiento del seremi de Salud Nicolás Baeza de ratificar la calificación de «molesta» de Castilla. Con esta decisión, la intendenta de Atacama, Ximena Matas, explicó que el proceso debe retomarse en el día 155 y no en el 179 de los 180 legales que tiene la autoridad ambiental para pronunciarse y, con esto, la tramitación cuenta con 25 días adicionales. Según Matas, se deben anular todos los procesos realizados después del 19 de enero de 2010. En esa fecha, la seremi de Salud anterior, Pilar Moreno, determinó que el proyecto era contaminante. «En los plazos, nos vamos a retrotraer a ese momento, es decir, volveremos atrás en todos aquellos trámites que desde ese minuto en adelante se generaron; esto es, dicho procedimiento y la elaboración del informe consolidado de evaluación», dijo Matas. En el gobierno regional esperan que la próxima semana sea la primera sesión del proyecto tras la decisión del seremi.
Fuente / La Tercera