El fantasma de Penta que pena en Codelco

Mar 26, 2015

Un contrato firmado entre la estatal y Banmédica ha generado ruido a nivel de sindicatos, que miran con desconfianza el pago de más de $2.000 millones para que trabajadores se afiliaran a la isapre privada.

(La Tercera) El Grupo Penta está penando hoy en Codelco, especialmente a nivel de sindicatos. Un convenio suscrito por Banmédica y la estatal está crispando los ánimos al interior de la firma, al punto que el martes por la noche la cuprera realizó una declaración pública en la que dio a conocer un proceso de auditoría y la elaboración de un informe en derecho frente a uno de los contratos.

Se trata del convenio firmado con la filial de Penta, Banmédica en febrero de 2012, que generó suspicacias en la administración, liderada por el presidente Ejecutivo, Nelson Pizarro.

La isapre efectuó un informe con los resultados de siniestralidad para el período enero 2013 – junio 2014, que fue considerado insuficiente por Codelco para efectos de cursar el correspondiente pago, que fuentes cifran en unos US$ 7 millones.

En su declaración, Codelco detalló que el convenio fue sellado tras un proceso de licitación que tuvo un primer intento desierto, siendo adjudicado en el segundo llamado.

La estatal también explicó que la idea de buscar un prestador externo surgió tras un análisis del directorio de la época, que veía necesario reducir los costos para la empresa vinculados a los programas de salud de los trabajadores. Eso, considerando que los funcionarios estaban afiliados a las isapres propias de Codelco: Chuquicamata, Río Blanco y Fusat, lo que según un director de la época implicaba desembolsar unos US$ 10 mil anuales por trabajador por parte de la empresa.

En la actualidad no es posible conocer la evolución de los costos de la estatal tras la operación, ya que el contrato suscrito con la isapre establece cláusulas de confidencialidad y sólo se sabe que a la fecha unos 600 trabajadores han firmado con Banmédica.

Fuentes al interior de la cuprera reconocieron que si bien el puntapié inicial a la auditoría realizada por Codelco a dicho contrato tuvo que ver con los resultados de siniestralidad, comentan que también se generó en el marco del plan de reducción de costos por US$ 1.000 millones que la estatal desarrolla.

[Excedentes de Codelco en el 2014 deberían superar los del ejercicio anterior]

Añaden que en vista de una primera auditoría “gruesa”, Pizarro tendría la convicción de que el acuerdo con Banmédica no tuvo el desenlace esperado, ya que implicaría grandes sumas de dinero y no aportaría a lograr el plan original: el reducir costos.

El problema, precisaron, radica en que los supuestos con que se elaboró el contrato distan de la realidad. En otras palabras, las estadísticas de uso proyectadas, por ejemplo, en el caso de trabajadores siniestrados, fueron mucho mayores a las que se dieron generando pagos por servicios que no se prestaron, ya que el contrato, además, sería a todo evento.

Lo anterior habría impulsado las conversaciones con la isapre para revisar y renegociar el convenio, lo que también fue anunciado por la cuprera en su declaración.

Si bien, la auditoria “gruesa” realizada por la cuprera no arrojó la existencia de irregularidades en la firma del contrato ni un vínculo cuestionable con Penta, en abril se iniciará una segunda fase de la auditoría que estará a cargo del nuevo auditor de la estatal, César Correa.

Para los sindicatos el tema no es fácil y el descontento manifestado en la época que se generó el acuerdo sigue presente. Eso, porque además de cuestionar el contrato con una de las firmas de Penta, se pone en tela de juicio un incentivo que consistió en un bono de $ 4,5 millones pagados con fondos de la estatal a alrededor de 500 personas, rol a y b, que se cambiaron desde las isapres de Codelco a Banmédica, lo que implicó un desembolso de unos $ 2.250 millones en total.

Los sindicatos añaden que los beneficios de salud eran mayores con las isapres de Codelco. Asimismo, ven con suspicacia el hecho de que el contrato fuera firmado cuando Pablo Wagner, imputado en el caso Penta, era subsecretario de Minería. A ello suman eventuales vínculos del ex director de Codelco, Andrés Tagle con Penta y con la UDI, ya que hasta 2004 fue vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Isapres y tuvo puestos ejecutivos en algunas de ellas. También ha sido experto electoral del partido político.

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