(Estrategia) Un largo camino le queda por recorrer al bullado Caso Cascadas, pues además de los recursos de reclamación que ya interpusieron los principales sancionados por la SVS, aún quedan una serie de temas abiertos que se resolverán en la justicia, mientras que otros la autoridad fiscalizadora debe sancionar en las próximas semanas como la llamada “arista Linzor”. En lo inmediato en el mercado las miradas apuntan hacia la responsabilidad de los directores de las sociedades de Julio Ponce Lerou, pues con su actuación “cómplice”, “negligente” o “despreocupada” –afirman abogados especialistas- permitieron que los hechos ocurrieran entre los años 2009 y 2011, según constató la Superintendencia.
En esa dirección, el académico de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Austral y ex jefe de Auditoria de Valores e Intermediarios en la SVS, Víctor Beltramín, sostiene que “los directores tienen un rol de primera importancia en la gestión de las entidades, y, en el caso de las empresas que transan sus acciones en la bolsa, las decisiones del directorio afectan indirectamente a terceros que no influyen en tales decisiones, como accionistas no controladores, inversionistas potenciales, cotizantes de los fondos de pensiones, etc.
De tal manera que los directores tienen una responsabilidad directa en lo ocurrido, porque si la SVS sanciona hechos concretos que no se ajustan a las buenas prácticas del mercado, los directores no podrían alegar desconocimiento de los mismos. Creo que la sanción a los directores será una consecuencia lógica de las eventuales responsabilidades que determine la justicia más adelante”.
Y en ese sentido, la legislación actual respalda claramente la visión del ex funcionario de la SVS –que ejerció su labor entre los años 1982 y 1985-, ya que la Ley de Sociedades Anónimas en su Artículo 39 establece que las funciones de director no son delegables. Es así como se establece que el director tiene derecho a ser informado plena y documentadamente y en cualquier momento, por el gerente o el que haga sus veces, de todo lo relacionado con la marcha de la empresa. La misma legislación, pero en su Artículo 41, estipula que “los directores deberán emplear en el ejercicio de sus funciones el cuidado y diligencia que los hombres emplean ordinariamente en sus propios negocios y responderán solidariamente de los perjuicios causados a la sociedad y a los accionistas por sus actuaciones dolosas o culpables”.
El director Ferreiro
En opinión del abogado de accionistas minoritarios, Mauricio Daza, las declaraciones ante la SVS de los directores de las Cascadas revelan un actuar negligente. “Estos testimonios dejan en evidencia que quien controlaba materialmente la administración de estas empresas no eran sus directorios ni sus gerentes, sino que directamente Julio Ponce Lerou. Además demuestra que las personas que estaban en los directorios operaban en la práctica como títeres del controlador, y que a pesar de estar en posición de conocer sobre estas operaciones y hacer algo concreto para evitar que con ellas se afectaran los intereses de las empresas y de sus accionistas minoritarios, no hicieron nada concreto para evitarlo. Lo anterior sin duda los deja situación de que no sólo se deba investigar su responsabilidad administrativa, sino que también sus eventuales responsabilidades criminales en estos graves hechos”.
Beltramín respalda dicha postura, argumentando que “la responsabilidad última por las decisiones que se adoptan en una entidad recae en el directorio, por ser éste el organismo que por ley la administra. Si estas malas prácticas significan, además, vulnerar la ley deberían haber sanciones penales severas, porque este tipo de delitos atenta contra la confianza del mercado”.
Para Daza, en tanto, es muy preocupante la desidia con que se están ejerciendo la función de director, y en ese aspecto le atribuye una responsabilidad mucho mayor a quienes pasaron de ser autoridad fiscalizadora a fiscalizado en un breve lapso. “El cargo de director de una sociedad anónima abierta debe dejar de ser entendido por algunos como sinónimo de calentar una silla un par de veces al mes, hacer preguntas aleatorias y sin sustancia a partir de lo que informan los gerentes, y cobrar a cambio de nada un sueldo millonario”.
En el caso de Alejandro Ferreiro –agregó- que “él tenía la obligación de exigir toda la información necesaria a fin de aclarar cualquier duda que pudiese existir acerca de las operaciones de la empresa de Norte Grande, cosa que evidentemente no hizo. Además es inverosímil que se sostenga hoy que una persona que fue ministro de Economía y Superintendente de Valores y Seguros, que se ha tratado de posicionar profesionalmente como un experto en mercado de valores, no haya logrado percibir que frente a sus narices se estaba concretando un esquema fraudulento que operó durante años por sumas enormes de dinero y a partir de miles de operaciones, en lo que sin duda constituye el mayor fraude al sistema de mercado de valores de la historia de nuestro país”.
En ese sentido, Daza enfatizó que Ferreiro y los demás directores estaban en la obligación de requerir toda la información necesaria acerca de las operaciones que realizaban estas empresas, además de denunciar las irregularidades y delitos que se pudiesen haber cometido con ocasión de las operaciones que han sido señaladas como parte de un esquema fraudulento por la Superintendencia de Valores y Seguros.
Para Beltramín el caso debe seguir necesariamente el curso legal, “dado que los afectados por estas malas prácticas, con toda seguridad, ejercerán las acciones judiciales necesarias para resarcirse de los daños recibidos”.
Operadores Bursátiles
El otro gran tema por resolver es la arista del rol de los operadores bursátiles, pues la SVS no sólo involucró en el Caso Cascadas a Larraín Vial y a dos de sus principales ejecutivos (Felipe Errázuriz y Manuel Bulnes), sino que a comienzos de año formuló cargos en contra de Banchile Corredores de Bolsa y a Cristián Araya Fernández, ex gerente de inversiones de esa corredora, por la presunta infracción al inciso segundo del artículo 53 de la Ley de Valores, por operaciones realizadas durante 2009, 2010 y 2011. Lo mismo hizo con Citigroup Global Markets y con Fabio Gheilerman, representante legal de dicha entidad, por operaciones realizadas durante 2009 y 2010. Y, además, presentó cargos a Linzor Asset Management (hoy CHL Asset Management Chile) y a su representante legal Canio Corbo Atria, por operaciones realizadas en 2011.
En esa dirección, la SVS sostiene que entre diciembre de 2009 y abril de 2010, bajo la intermediación de la corredora Banchile, Pampa Calichera realizó una serie de operaciones con el título SQM-B teniendo como contraparte a Citigroup Global Markets y a la misma Banchile, que habrían estado orientadas a la generación de utilidades contables. “Así, Pampa Calichera siguió una mecánica de adquirir un número relevante de acciones SQM-B a precios superiores a los cuales posteriormente vendía, en cantidades similares y a las mismas contrapartes, con resultado favorable para estas últimas. Estas transacciones no habrían tenido el objetivo de transferir efectivamente la propiedad del título SQM-B, sino dar la apariencia de ello, según se desprende de la forma en que fueron realizadas estas operaciones”, especifica la autoridad.
A su vez, sostiene que el día 29 de marzo de 2011, por intermedio de Banchile, se efectuaron una serie de operaciones en bolsa con los títulos SQM-A, en las que Linzor Total Return Fund se habría prestado como contraparte de distintas Sociedades Cascada para comprar y posteriormente vender dichos títulos, operaciones que tampoco habrían tenido por objetivo transferir efectivamente la propiedad de esos valores. Esto último motivó en su oportunidad que la Superintendencia requiriera a una serie de Sociedades Cascada la reversión de las utilidades contables.
El Rol de Araya
Y en todo este esquema, un nombre recurrente que aparece en las declaraciones de los testigos ante la SVS es el del Cristián Araya, quien es sindicado como uno de los principales operadores en acciones de las Cascadas.Al respecto, la ex ejecutiva de inversiones de Banchile, María Alejandra Dides, declaró a la Superintendencia que “yo creo que Cristian Araya veía los remates de acciones, porque él era el que organizaba todo y era el jefe”.
Asimismo, destacó que las cuentas de Norte Grande, Oro Blanco, y Pampa Calichera ya estaban creadas cuando ella llegó a la empresa en 2007 y las operaciones que implicaban un mayor monto estaban a cargo de Araya. “(Las cuentas) ya estaban creadas y le pedí a Cristián Araya que me las asignara, ya que estaban con poco movimiento. Las operaciones sobre $100 millones las veía Cristián Araya y, además, algunas chicas”.
En relación a quienes realizaban la gestión de las órdenes de compra y venta de acciones de estas sociedades, Dides especificó que “yo no veía ni intermediación ni renta fija, sino sólo renta variable. Respecto a las órdenes de compra y venta de acciones, en su mayor parte las veía Cristian Araya”. A esto se suma que le atribuye al ex ejecutivo de Banchile la información proporcionada a los controladores sobre oportunidades de negocios. “Normalmente veía las recomendaciones de Banchile a los ejecutivos”, aseguró. Sumado a esto, reveló que era Aldo Motta quien instruía órdenes de compra y venta a Banchile.