(Diario Financiero) La caducidad de las operaciones consideradas en el caso Cascadas es uno de los grandes temas que han tomado relevancia en las últimas semanas. Esto porque ante la gran cantidad de recursos presentados por los formulados de cargos, los que, según han manifestado algunas de las partes en el proceso, sólo tendrían un “afán dilatorio”, la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) tiene cada vez más acotados los plazos si decide sancionar.
Sin embargo, considerando el lapso de cuatro años con el que cuenta el regulador para ejercer su capacidad sancionatoria, dos de los involucrados en el caso ya deberían tener cerrados sus procesos: Citigroup Global Markets (CGM) y Fabio Gheilerman, este último según la SVS habría sido representante legal de CGM en el período en cuestión, lo que no sería correcto.
A pesar de lo anterior, al ser solicitado el cierre de esta arista, el regulador se negó a declararla como terminada y archivada. Eso al menos plantean los recursos de reclamación interpuestos por ambas partes ante la Corte de Apelaciones, la cual esta semana admitió a tramitación ambas causas, en las que se deducen un “reclamo de ilegalidad en contra de la resolución administrativa contenida en el oficio reservado 896, del 4 de julio de 2014 (…) y por la cual la SVS rechazó de forma absolutamente ilegal y arbitraria la solicitud de esta parte para poner término al procedimiento administrativo seguido ante la SVS por haber transcurrido el plazo de caducidad de 4 años (…) contado desde la última operación bursátil cuestionada por el regulador y que ocurrió, según él mismo señala, el 28 de abril de 2010”, detalla el documento.
Por ello, piden que la corte anule y deje sin efecto en todas sus partes la resolución reclamada, ordenando la terminación del procedimiento sancionatorio, su archivo, y condene al regulador en costas.
Cabe recordar que en enero de este año la SVS formuló nuevos cargos, entre ellos, por operaciones específicas con los títulos SQM-B y SQM-A. “Durante los períodos comprendidos entre diciembre de 2009 y abril de 2010, bajo la intermediación de la corredora Banchile, Pampa Calichera realizó una serie de operaciones con el título SQM-B teniendo como contraparte a CGM y a la misma Banchile, que habrían estado orientadas a la generación de utilidades contables. Así, Pampa Calichera siguió una mecánica de adquirir un número relevante de acciones SQM-B a precios superiores a los cuales posteriormente vendía (…) Estas transacciones no habrían tenido el objetivo de transferir efectivamente la propiedad del título SQM-B, sino dar la apariencia de ello, según se desprende de la forma en que fueron realizadas estas operaciones”.
Al ser consultada la SVS, ésta declinó pronunciarse al respecto.
El por qué de las operaciones
Por otra parte, el recurso presentado por Gheilerman, en el que su defensa afirma, además, que no era representante legal de CGM sino un ejecutivo especialista en transacciones internacionales, se explica el por qué de estas operaciones.
“Éstas no tienen ninguna relación con el caso Cascadas, y el único factor común con éste, es que CGM a través de Banchile realizó transacciones de venta y compra de acciones de SQM-B en distintas oportunidades, según su perfil de inversionista, y que en algunas de esas transacciones, el comprador o vendedor de las mismas fue Pampa Calichera (…), cuestión que CGM ignoraba por completo. Por lo demás, estas transacciones cuestionadas tuvieron su origen en operaciones de venta corta, de corriente y usual ocurrencia (…) que responden a la necesidad de tener que cubrir la posición que había tomado CGM en el extranjero con terceros, con lo cual, la SVS efectúa un juicio parcial analizando las operaciones sólo en su dimensión chilena”, señala el recurso, el que agrega que el origen de las órdenes fueron expedidas desde Estados Unidos.
Los abogados representantes de CGM son Cristóbal Eyzaguirre y María Soledad Krause; mientras que Fabio Gheilerman es representado por los abogados Cristián Gandarillas y Gabriel del Río Toro.
Los perjuicios alegados por ambas partes
«El acto recurrido causa un enorme y evidente perjuicio a mi representado, pues lo obliga a continuar involucrado y seguir tramitando un procedimiento administrativo en el que es jurídicamente imposible imponerle sanción alguna por prohibirlo expresamente en la ley (…). Por lo demás, mi representado se ha visto perturbado en el ejercicio de sus derechos, pues la SVS habiendo transcurrido el plazo de caducidad, abrió un término probatorio de tan solo 10 días en el procedimiento, y que actualmente sigue corriendo, y que vencería el próximo viernes 20 de julio de 2014», señala el recurso presentado por Gheilerman.
Por otro lado, el escrito de CGM señala que ésta «tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca lo contrario y que, habiendo cesado la competencia para esa declaración y su consecuencia (la sanción), se le trate como tal (…). El perjuicio que ocasiona esa resolución se acrecienta si se tiene en cuenta que el 30 de junio de 2014 la SVS accedió a recibir la causa a prueba, aceptando algunos de los hechos propuestos por esta parte, y algunos de los medios de prueba ofrecidos».