(El Mercurio) Un poco más de cinco meses alcanzó a estar en pleno funcionamiento el Mall Plaza Real, el primero de la Región de Atacama. El aguacero que se desencadenó entre los días 25 y 26 de marzo y los diecisiete aluviones que asolaron la zona hicieron que el torrente de agua, piedras y barro llegara hasta los estacionamientos mismos del centro comercial, obligando a sus administrativos a cerrar sus actividades. Aún no hay fecha de reapertura.
A pocas cuadras de ahí, el Antay Casino & Hotel no corrió mejor suerte. Inaugurado en 2008, también se encuentra cerrado, justo cuando terminaba de afinar su cartelera de espectáculos para este fin de semana largo. Ahora, 50 de sus trabajadores que perdieron sus casas viven en el hotel. A ellos se suman las autoridades del gobierno central, que se han quedado en esas instalaciones.
En ambos casos, el cierre obedece no tanto a los daños que el agua provocó en la infraestructura -estacionamientos, fundamentalmente-, sino a la falta de provisiones y de servicios básicos necesarios para reanudar sus funciones.
Distinto es el caso de las miles de pequeñas y medianas empresas de la ciudad que sí vieron seriamente dañada su capacidad productiva y que les costará ponerse de pie, incluso una vez que se supere la emergencia.
Un catastro de la Corporación para el Desarrollo de la Región de Atacama (CORPROA), que reúne a empresarios que representan el 70% PIB regional, revela que del total de 13.704 empresas que registran ventas en la región, nueve mil se encuentran con su producción detenida a causa del temporal. Es decir, el 65% del total. La mayoría son pymes con serias dificultades para abordar sus compromisos financieros inmediatos (pago de IVA, contribuciones, sueldos), señalan empresarios de la región.
Del parque industrial total de Atacama, solo doce unidades productivas corresponden a empresas grandes, que registran ventas superiores a un millón de UF al año.
Atacama produce US$ 5.822 millones al año, según cifras del Banco Central. Si se considere una semana sin actividad, la zona deja de producir al menos US$ 111 millones.
El catastro de CORPROA también indica que 65.450 trabajadores han visto afectados sus fuentes de trabajo en distinto grado. En el comercio, se trata de 27.610 trabajadores; en la minería, 22.700; en la agricultura, 7.660 y en la construcción, 7.480 (ver infografía). Estos últimos son los que tienen mejores perspectivas de reinserción, gracias a la reconstrucción que se avecina, según el presidente de CORPROA, Daniel Llorente.
El ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, recorrió la región durante la semana y llegó a una conclusión central: «Lo más importante es restablecer los servicios básicos lo más rápido posible para que la gente pueda empezar a producir», afirma. Porque mientras la luz, el agua y la red de alcantarillado no estén restablecidos, cualquier apoyo a la actividad empresarial será infructuoso.
Mientras se trabaja en esas tareas básicas, el Gobierno anunció una serie de medidas para flexibilizar los compromisos financieros de los afectados: Banco Estado ofrecerá créditos con un período de gracia de seis meses para las personas y de 12 meses para las empresas que hayan sido declaradas como afectadas. Además, el Servicio de Impuestos Internos postergará el pago de contribuciones; ampliará el plazo para declarar el IVA y condonará multas, reajustes e intereses de impuestos adeudados. Además, se suspenderán los remates por deudas tributarias o de otros créditos fiscales, como patentes mineras.
La ministra del Trabajo, Javiera Blanco, también se trasladó a la zona e hizo un llamado a los empresarios «a actuar con el mayor criterio y sentido de solidaridad» respecto a sus trabajadores. Sobre los despidos por caso fortuito o fuerza mayor -situación contemplada en el Código del Trabajo y que permite al empleador no pagar indemnizaciones ante situaciones críticas-, la secretaria de Estado fue enfática: «Deben reunir requisitos bastante explícitos y debe existir una imposibilidad absoluta de dar continuidad al trabajo».
Un llamado que, a juzgar por la realidad que viven algunos empresarios, resulta complejo. Nelson Zamora, propietario de los supermercados Zamora, dijo a «El Mercurio» hace unos días: «Perdí el 95% de mi mercadería en la bodega de calle Freire. Tengo 180 trabajadores, pero quedarán solo 35».
En CORPROA son categóricos: si no se restablecen la conectividad y los servicios básicos, la región enfrentará una seria crisis social.
Agricultura: 28% de la superficie agrícola con graves daños
Pese a ser una zona semidesértica, la fruticultura es una de las actividades más relevantes de la Tercera Región. En los dos primeros meses de 2015, Atacama exportó US$ 106 millones en frutas, según Odepa.
Hasta antes del temporal, existían 11.160 hectáreas de frutales y, de ellas, ocho mil correspondían a uva de mesa (16% del total nacional), 2.400 hectáreas a olivos y el resto a otras especies menores, como granadas y algunas hortalizas.
De la superficie total de riego, 3.162 hectáreas se encuentran con daños severos, lo que representa el 28% de la superficie agrícola de la región.
«Hemos sabido que la pérdida de patrimonio y huertos de algunos productores de uva de mesa ha sido total. Cerca de 12 mil personas trabajan en la uva de mesa en Atacama, y al momento del desastre se encontraban alrededor de cuatro mil trabajando en las últimas cosechas de la variedad Red Globe», señala el presidente de Fedefruta, Juan Carolus Brown, quien estuvo el miércoles en la zona afectada.
Para el presidente de la Junta de Vigilancia del Río Huasco, Fernando González, en ese valle el mayor daño se concentra en las comunas de Alto del Carmen, Vallenar y Freirina.
Según el primer levantamiento de información hecho por esa Junta de Vigilancia, el 53,5% de las bocatomas (captaciones de agua) del valle se encuentran destruidas, lo que afecta al 78% de la superficie regable. Es decir, de un total de 2.900 hectáreas plantadas en el Valle del Huasco, 2.262 se encuentran afectadas por la destrucción de la infraestructura de riego: «Le propusimos un plan de trabajo al ministro de Agricultura, para actuar rápido, porque si no, en quince días nos vamos a secar todos al mismo tiempo, los agricultores de subsistencia, los de Indap y los grandes», señala Fernando González.
En este valle existen 1.800 agricultores, la mayoría con predios de entre diez y veinte hectáreas. Sus predios eran regados por un sistema de cien canales que, hasta el cierre de esta edición, se encontraban destruidos: «Necesitamos desembancar los canales y necesitamos maquinaria dedicada a los colapsos mayores en el río. Eso tiene un costo de $3 mil millones y el ministro de Agricultura no nos aseguró ni un peso», afirma González.
La situación en el Valle de Copiapó es similar. Allí existen 8.260 hectáreas de riego y de ese total 900 resultaron con daños graves, según Lina Arrieta, presidenta de la Asociación de Productores Agrícolas del Valle de Copiapó: «Nuestra primera prioridad es recuperar el sistema de riego. Nosotros le dijimos al ministro que sin agua morimos, que necesitamos reencauzar el río con urgencia para liberar el agua del Embalse Lautaro», señala.
Servicios básicos: 96% ya tiene luz eléctrica, pero solo 20% cuenta con alcantarillado
Según la empresa de distribución eléctrica Emelat (filial de CGE), solo 3.930 clientes, de un total de 95 mil, se encuentran aún sin suministro eléctrico restituido. Es decir, el 96% ya está con energía disponible. La mayoría, señalan desde la empresa, la reciben por generadores de emergencia instalados en las comunas de Chañaral, Diego de Almagro y Los Loros.
Más compleja es la situación de los servicios sanitarios. Hasta el cierre de esta edición, la empresa Aguas Chañar indicaba que el sistema de alcantarillado funciona al 20% de su capacidad, y de un total de 48.700 clientes, 6.500 no tenían acceso al agua potable y se proveían a través de camiones aljibe.