(La Tercera) Gradualidad. Reiterando ese concepto comenzó y finalizó la exposición del ministro de Hacienda Alberto Arenas -ayer, en Teatinos 120-, sobre los alcances del proyecto de reforma tributaria ingresado al Parlamento.
Dicho énfasis tiene un origen inequívoco: el proceso de desaceleración que atraviesa la economía chilena desde el año pasado, impulsado por un fuerte ajuste a la baja en la inversión. Así lo afirmó el propio Arenas al explicar los motivos detrás de la paulatina implementación de las medidas que se plantea en la reforma.
“Desde el segundo semestre del año pasado la economía vivió un proceso de baja de la actividad y como gobierno estamos comprometidos con la reversión de ello durante el presente año. Ese compromiso nos lleva a plantear medidas que estén en esa dirección”, dijo el secretario de Estado.
El cambio en las expectativas de crecimiento para este año, que ayer el Banco Central ratificó en su primer IPoM del año al reducir a un rango de 3% a 4% su proyección de PIB 2014 (desde un 3,75%-4,75%), es de la mayor relevancia para el Ejecutivo, principalmente por dos razones. Primero, porque es necesario que la economía crezca para recaudar los cerca de US$ 8.200 millones adicionales en régimen, aproximadamente un 3,02% del PIB, que se plantea la reforma y cuyo destino serán fundamentalmente los cambios en materia educacional. Y segundo, porque esos mayores ingresos representan más de la mitad del costo total del programa de gobierno de Michelle Bachelet, de US$ 15.100 millones.
Recaudación
De acuerdo con lo informado ayer por Alberto Arenas, parte importante de las medidas del paquete tributario que apuntan a elevar la recaudación comenzarán a aplicarse recién en la segunda parte de la actual administración.
Así, mientras la rebaja de la tasa máxima del impuesto a las personas, de 40% a 35%, se materializará recién en 2018, los cambios en el sistema de renta presunta, las restricciones al crédito fiscal por IVA en la construcción y el alza en el impuesto de timbres y estampillas se harán efectivas en 2016. Esto sumado a la conocida alza gradual en el impuesto de primera categoría, que llega a 25% en 2018, mismo plazo en que se comienza a tributar sobre base devengada y se elimina el Fondo de Utilidades Tributables (FUT).
Esto significa que hacia 2017, el último año de la actual administración, se habrán alcanzado una mayor recaudación equivalente a 2,44% del PIB ($ 4.351.700 millones), esto es un 80% del total de recursos adicionales previstos por la reforma (de 3,02% del PIB).
Al revisar el informe financiero del proyecto de ley ingresado ayer al Congreso, se observa que hacia 2018 los mayores recursos esperados alcanzarían los $ 4.428.927 millones, mientras que los menores ingresos producto de los incentivos al ahorro y la inversión sumarían $ 77.227 millones. En el neto, para ese año el efecto total de la reforma tributaria significaría ingresos extras por $ 4.351.700 millones, equivalentes a 3,17% del PIB.
Según informó Alberto Arenas, las modificaciones al impuesto a la renta (primera categoría, paso a tributación sobre utilidades devengadas y eliminación del FUT, y rebaja en el tramo máximo de los gravámenes de las personas) significarán recursos adicionales equivalentes al 1,4% del PIB, un 46% de lo que espera recaudar la reforma.
Debate legislativo
Aunque el trámite legislativo del proyecto inició con un inesperado traspié, igualmente durante la tarde de ayer el jefe de las finanzas públicas expuso ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados sobre los alcances de la iniciativa legal.
En la oportunidad, los parlamentarios de oposición, liderados por Patricio Melero (UDI) y Nicolás Monckeberg (RN) expresaron su inquietud ante la gradualidad planteada por el gobierno, y solicitaron a Arenas mayores antecedentes sobre las proyecciones de ingresos, considerando que la vigencia en régimen de la normativa se alcanzaría al finalizar la actual administración.
El jefe de las finanzas públicas respondió asegurando que “el proyecto tiene un diseño riguroso y cauteloso para que esa gradualidad genere los recursos para que el programa de la Presidenta Bachelet se implemente adecuadamente y adicionalmente se generen las metas de recaudación tributaria avanzando en mejorar la distribución del ingreso”.