(El Mercurio) Una fuerte acusación en contra de un grupo de abogados que se dedican a representar a comunidades que se oponen a proyectos eléctricos hizo ayer miércoles la compañía brasileña MPX, que lidera la iniciativa termoeléctrica Castilla.
El gerente general de la empresa en Chile, Pedro Litsek, denunció la existencia de una verdadera «industria legal» que se dedica a judicializar iniciativas energéticas.
«En el tema de la judicialización hay gente que efectivamente está en contra del proyecto y está bien. Pero en el caso de Castilla, algunas de las personas que ingresaron con un recurso de protección no tienen un interés ambientalista, tienen otros intereses netamente económicos», afirmó Litsek, en el marco del seminario Energía Brasil-Chile.
El ejecutivo agregó: «Se generó una industria legal que no le gusta dejar nada. Normalmente, abogados de estas comunidades son gente incentivada, que obtiene entre un 30% y 40% del monto financiero que obtienen del acuerdo con la empresa. Parece que es un buen negocio la judicialización para algunos abogados».
La acusación de Litsek se produce en medio de la incertidumbre por la que atraviesa el proyecto Castilla. Esto luego que la Corte de Apelaciones de Antofagasta acogiera un recurso de protección presentado por los opositores a la central, radicados en la Junta de Vecinos de Totoral. La acción podría revocar la resolución de Calificación Ambiental que aprobó la construcción de la iniciativa por unos US$ 5 mil millones y que aportaría unos 2.100 MW al Sistema Interconectado Central.
Actualmente, dicha resolución se encuentra siendo analizada por la Corte Suprema, y el fallo sería emitido a fines del primer semestre.
En caso de que el fallo del máximo tribunal del país sea adverso para la firma que controla el magnate Eike Batista, Litsek afirmó que en la compañía no se han puesto en ese escenario, por lo que no se baraja un plan B.
Sin embargo, el ejecutivo se mostró abierto a una eventual modificación del proyecto para ver su viabilidad.
Sobre esto último, el gerente general precisó: «Sería muy complicado reingresar el proyecto, porque el fallo de la Corte de Antofagasta básicamente dice que lo que vale para términos de calificación ambiental es la ordenanza de urbanismo, y esta es una ordenanza que es subjetiva. Entonces, la pregunta sería: ¿reingresar con un proyecto más chico de por ejemplo 1.000 MW? No sabemos si también lo calificarán como contaminante, ya que ello depende de la opinión del seremi de Salud de turno», dijo Litsek.
Fuente/ El Mercurio