Pese a los airados reclamos de un grupo de subcontratados por el supuesto incumplimiento de los acuerdos pactados entre este sector y Codelco -lo que incluso llevó al dirigente PC Cristián Cuevas a iniciar una sorpresiva huelga de hambre-, los ministros «garantes» de la negociación con la estatal defendieron el cabal respeto de estos acuerdos.
«Me he informado por Codelco que se están cumpliendo cabalmente los acuerdos», dijo el ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma.
En tanto, el ministro del Trabajo, Osvaldo Andrade, discrepó de las protestas, ya que ni siquiera se cumple la fecha en que deben realizarse los pagos de bonos. «El acuerdo que suscribió el Gobierno con los trabajadores es que haríamos el esfuerzo que el bono se pagaría a más tardar el 15 de mayo. En consecuencia, sería apresurado y extemporáneo, porque el plazo todavía está vigente».
Proyecto de ley
En un tema distinto, pero igualmente vinculado a Codelco y a las repercusiones por el tema de los subcontratados, Andrade sostuvo que tras el fallo de la Corte Suprema -que revocó el dictamen que obligaba a la estatal a contratar en su planta a cinco mil subcontratados-, el Gobierno estudia la posibilidad de enviar un proyecto de ley al Congreso para que la Dirección del Trabajo cuente con las facultades que no fueron reconocidas por el máximo tribunal.
Andrade dijo que el fallo de la Corte Suprema no fue una sorpresa y estaba dentro de lo esperado, «pero me preocupa que la Dirección del Trabajo no tenga facultades para proceder», por lo que individualmente será cada trabajador el que deberá recurrir a los tribunales para su incorporación en una planta. «Del punto de vista de la formalidad, puede ser una alternativa perfectamente viable; pero del punto de vista práctico, puede ser una dificultad».
Si la Dirección del Trabajo -expuso- «no tiene facultades que pensó tener, lo que tiene que seguir haciendo es fiscalizar el cumplimiento de la ley de subcontratación, constatar hechos y con esa información en su poder, los trabajadores generar la acción». Planteó que ese procedimiento conlleva una dificultad objetiva y que una buena manera de soslayarla es dotando a la DT de esta facultad respectiva. Respecto del fallo de la Suprema, el presidente del Partido Socialista, senador Camilo Escalona, reutilizó su polémico adjetivo de «chupasangre».
«Relativo al fallo sobre la empresa Codelco y la decisión de la Dirección del Trabajo, la conclusión que yo saco es que los chupasangres tienen nuevamente una razón para estar de fiesta, porque esto debilita severamente la ley que se aprobó en el Congreso Nacional, relativa a la subcontratación», dijo el senador.
Pero no quedó ahí. «Lo lamento por los trabajadores de este país que, nuevamente, van a ser víctimas de todo tipo de abusos», señaló Escalona, quien en 2006 protagonizó un duro enfrentamiento con el mundo privado y con Andrés Allamand, cuando la normativa de subcontratación se tramitaba en el Congreso.
Escalona planteó la necesidad de una reforma constitucional.
El lento avance de la agenda de Andrade
Hasta ahora, la agenda laboral que el ministro Andrade trazó en septiembre pasado no corre tan rápido como se quisiera en las oficinas del ministerio.
Uno de los proyectos emblemáticos del secretario de Estado es la creación de una AFP estatal, compromiso que todavía está en veremos. Con todo, tras intervenir en el seminario «Reforma Previsional: logros y desafíos», Andrade insistió en que el Gobierno enviará en julio una iniciativa en ese sentido.
Paralelamente, varias de las propuestas que el ministro entregó al Comité Político de La Moneda en septiembre pasado todavía no tienen visos de avanzar. En su oportunidad, Andrade propuso una serie de cambios para fortalecer la negociación colectiva. Éste fue uno de los cinco compromisos que asumió Michelle Bachelet con el PC para obtener su apoyo electoral en la segunda vuelta presidencial en 2006.
Una de las propuestas más ambiciosas elimina el reemplazo de trabajadores en huelga, iniciativa que no fue capaz de concitar amplios grados de apoyo al interior de la Comisión Meller.
Otra idea surgida desde el ministerio propone terminar con los grupos negociadores paralelos y entregarles el monopolio de la negociación colectiva a los sindicatos. Esta es una de las demandas históricas de la CUT.
Además, el secretario de Estado es partidario de poner un piso a la negociación colectiva, ampliarla a otras materias y extenderla al sector público. Aunque, en la práctica, la ANEF negocia el reajuste anual, la idea de Andrade es reglar la negociación colectiva del sector y dotarlos de derecho a huelga (ahora paralizan fuera de la ley).
Otra de las ideas es terminar con el uso de múltiples razones sociales, planteando que no debiera haber una definición de empresa, porque lo relevante sería la relación trabajador-empresa, lo que a su juicio debiera permitir a los empleados de varias compañías negociar con el dueño común de ellas.
Ninguna de estas iniciativas concitaron apoyos relevantes entre los integrantes del Comité de Trabajo y Equidad.
Fuente / El Mercurio