(EFE) La minera canadiense Atlas Precious Metals manifestó hoy su intención de alcanzar una «solución amigable» con el Gobierno de Evo Morales por la controversia sobre sus inversiones para reactivar una fundición de metales en el sur de Bolivia.
Según la agencia estatal ABI, el asesor jurídico de la empresa, Alejandro Guerra, aseguró que Atlas espera «una solución amigable para llegar a un buen término» con Bolivia.
El Estado boliviano cobró el mes pasado una garantía de 850.000 dólares de la minera canadiense debido a que ésta no cumplió con las inversiones prometidas para reactivar el complejo metalúrgico de Karachipampa, situado en el departamento de Potosí (suroeste).
La planta fue construida en 1985 para procesar plomo y plata con créditos alemanes y belgas por 200 millones de dólares, pero nunca llegó a funcionar porque se necesitaba un nivel de producción de esos dos minerales que no existía en Bolivia.
Atlas, que también tiene socios estadounidenses, comprometió hace dos años una inversión de 85 millones de dólares para poner en marcha desde 2009 el complejo metalúrgico, donde funcionará una fundición de plomo y plata, una refinería de zinc y una planta de producción de ácido sulfúrico.
El Gobierno de Morales justificó el cobro de la multa con el argumento de que no hubo avances en el proyecto y las inversiones de Atlas apenas llegan a dos millones de dólares, cuando la empresa debió invertir 80 millones hasta este año.
La firma canadiense replicó que sus inversiones no avanzaron por un problema con indígenas de la zona para adquirir los terrenos donde debe construirse una de las refinerías y decidió demandar a la estatal Corporación Minera de Bolivia (Comibol) ante el centro de arbitrajes de la Cámara Nacional de Comercio (CNC) del país.
Hoy debía realizarse la primera reunión conciliatoria entre ambas empresas, pero el encuentro fue suspendido porque la Comibol pidió a los asesores jurídicos de Atlas un documento que certifique que están autorizados para representar a esa firma.
Según Guerra, a pesar de la controversia, la minera canadiense aún está interesada en el proyecto.
De su lado, el asesor jurídico del ministerio de Minería, Juan Carlos Carrasco, sostuvo que el Estado boliviano también quiere una solución favorable para ambas partes para continuar con el proyecto.
Fuente / EFE.