(Pulso) Eliminando una de las grandes deudas medioambientales del país, la semana pasada la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales del Senado aprobó en general el proyecto de Ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), considerado clave para gestionar la conservación de la biodiversidad de Chile y la preservación de sus áreas protegidas, especies, genes y ecosistemas.
Un resultado, que después de tres años de discusión parlamentaria, marca un hito para la conservación del patrimonio natural chileno junto con finalizar la reforma a la institucionalidad ambiental contenida en la Ley 20.417, la cual abarca la creación del Ministerio del Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental, la Superintendencia del Medio Ambiente y los tribunales ambientales. Ello, en el marco de compromisos internacionales adquiridos por Chile, como las recomendaciones de la OCDE y el Convenio sobre la Biodiversidad Biológica, entre otros.
Así, el nuevo organismo fiscalizará los proyectos de conservación, implementará planes de manejo, establecerá políticas públicas para la protección de especies dentro y fuera de las áreas protegidas (AP), y ejecutará estudios que permitan conocer el estado actual y futuro de la biodiversidad en Chile.
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Falta de claridad
Pese a que será la primera instancia local en sentar los criterios para definir las AP del país (ayudando con ello a la conservación de ecosistemas), el documento aprobado por el Senado no dejó a todos contentos.
Alex Godoy, director del Magíster en Gestión de la Sustentabilidad de la Universidad del Desarrollo, cataloga como “poco claro”, el escrito despachado por los parlamentarios. “Es un proyecto que en su documento es complejo leerlo, ya que no se entiende cómo operará ciertas atribuciones, quitadas a instituciones que no pertenecen al Ministerio de Medio Ambiente, como Conaf, el SAG o Servicio Nacional de Pesca. No explica cómo se relacionarán unos con otros, con quién se deberá hablar, quién va a sentar los criterios, en suma, un tema de poder que no está bien definido”, critica el experto, asegurando que la marcha inicial de la nueva institución será “un tiempo de ensayo y error”.
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Incertidumbre que según Godoy, la comparte el colegio de ingenieros forestales, que tras reunirse con ellos semanas atrás, demostraron su descontento en cómo está explicado el establecimiento de las AP. “Si bien, define cuáles serán dichas áreas, no aclara lo que sucederá cuando se perturbe una de ellas, cómo ésta quedará protegida si es que está en manos de privados y que pasará si es que es pública. Es decir, poco coherente”, reclama el académico.
Asimismo, denuncia la escasa “sociabilización” que tuvo su tramitación, afirmando que no reunió a todos los actores implicados en la materia.