A pesar de que el vocero de gobierno, Francisco Vidal, afirmara el lunes que las palabras del presidente ejecutivo de Codelco, José Pablo Arellano, respecto de la necesidad de modificar la actual Ley Reservada del Cobre, fueron sólo una opinión personal, lo cierto es que en La Moneda el tema da vueltas hace tiempo.
Tanto es así, que un proyecto de ley impulsado por la ex ministra de Defensa, Vivianne Blanlot, está durmiendo en la sede de gobierno desde hace cerca de quince meses.
En este sentido, el actual titular de Defensa, José Goñi, sostuvo ayer que ese texto legal “está muy avanzado y se enviará lo antes posible”, dando cuenta de que existirían detalles por afinar.
Sin embargo, otras fuentes sostienen que el proyecto se terminó de redactar entre marzo y abril de 2007 y sólo se estaría esperando el momento político adecuado para ser enviado, ya que en esa fecha recién se estaban viviendo los primeros meses de Transantiago.
Historia del proyecto
Blanlot se reunió el 23 de enero de 2007 con la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, para entregarle un informe técnico sobre la Ley Reservada del Cobre, que serviría como base para la redacción del proyecto que modifique la normativa.
Este informe fue realizado por un comité de expertos convocados por la ex secretaria de Estado a mediados de 2006 -instancia llamada “Comisión Blanlot”-, en el que se incluían a técnicos del Ministerio de Defensa y asesores externos.
El texto -que se habría convertido finalmente en la base del proyecto que afina La Moneda- contempla varios cambios de fondo en la actual normativa.
En primer lugar, la idea es sustituir la actual ley por un mecanismo de financiamiento incorporado al proyecto de ley de presupuestos, lo que entregaría más transparencia al sistema.
Además, se propuso que los dineros que se entreguen tengan estabilidad en el tiempo, teniendo vigencia plurianual, de entre cinco y diez años. Así, a pesar de que serán incluidos en la ley de presupuestos de cada año, no quedarían expuestos a discusiones políticas de coyuntura.
Otra de las medidas clave es la garantía de un aporte anual no inferior a los
US$ 500 millones anuales, que es cerca del piso que actualmente se tiene con la actual ley.
Esto, porque la normativa vigente estipula un aporte mínimo anual a las Fuerzas Armadas de US$ 250 millones del año 1987, los que se deben ajustar según el índice de Precios al Productor de Estados Unidos, estando actualmente en una cifra cercana a los
US$ 450 millones.
Así, el monto final que contemplara la ley podría fluctuar entre los US$ 500 millones y US$ 700 millones, también reajustables.
Las tres ramas de las Fuerzas Armadas estuvieron de acuerdo con esta modalidad, ya que consideraban que tan importante como el monto era la seguridad de contar con los recursos, principalmente para hacer frente a compromisos que se adquieren a varios años plazo.
Fuente / Diario Financiero