El 20 de marzo, en La Moneda, la Presidenta Michelle Bachelet se comprometió a que las principales compañías dependientes del Sistema de Empresas Públicas (SEP) incluirían en sus directorios al menos a un director independiente en un plazo de 90 días. Lo hizo al enviar al Congreso el proyecto de ley sobre gobiernos corporativos de empresas públicas.
Transcurrido el período, al 20 de junio, la meta presidencial fue cumplida.
De acuerdo con la información corporativa que manejan tanto en el SEP como en las mismas compañías, en las 10 mayores firmas bajo su control existe al menos un integrante que cumple con el perfil de ser externo al Gobierno, no ligado a partidos políticos -al menos no afines al oficialismo- y de reconocidas trayectorias profesionales en el sector privado.
Según personeros ligados al SEP -hoy dirigido por Rodrigo Azócar-, la orden presidencial fue más bien una constatación de una política que ya estaba llevando adelante la entidad.
Casos renombrados
Entre los directores independientes más conocidos están Marcos Büchi, en EFE, y recientemente Harald Beyer, en el Puerto de San Antonio, y Matko Koljatic, en la Polla Chilena de Beneficiencia. También hay independientes en Merval, Correos, la Zofri, Econssa (Empresa Concesionaria de Servicios Sanitarios) y en los puertos de Valparaíso y Puerto Montt. En el caso de Metro, un cupo de autonomía lo representa el académico de la Universidad de Chile Andrés Gómez-Lobo.
Ninguno de los convocados fue escogido por el Sistema de Alta Dirección Pública (SADP), como dice el proyecto de ley.
En algunas firmas medianas del SEP, como Puerto de San Vicente, ningún director es independiente. Y eso que allí hubo una renovación parcial en 2007.
BancoEstado, Enap y Enami sin avances
Las empresas públicas más grandes del país, que no dependen precisamente del SEP, no cuentan con una política de elección de directores independientes.
La excepción es Codelco. En uno de los cupos de un director nombrado por la Presidenta, se escogió al académico de la Universidad de Chile Nicolás Majluf como independiente. Por lo demás, en el Congreso se tramita un proyecto de ley específico que reforma el gobierno corporativo de la cuprera e introduce el factor de autonomía en la mesa.
Sin embargo, ni Enap, Enami ni BancoEstado están consideradas en ningún proyecto de ley similar. Cuando lo estuvieron en la iniciativa sobre gobiernos corporativos públicos, fue tal la presión sindical y concertacionista que Hacienda se vio obligada a sacarlas. Hoy todos sus integrantes responden a criterios políticos o a cupos gremiales o sindicales.
Fuente / El Mercurio