La aprobación de la nueva ley de patentes mineras generó diversas reacciones entre los gremios del sector. Mientras la Sociedad Nacional de Minería (Sonami) valoró las medidas para aliviar la situación de los productores, aunque advirtió que persisten aspectos por corregir, la Agrupación Nacional de la Pequeña y Mediana Minería y de Dueños de Concesiones Mineras (Agrumin) cuestionó la iniciativa por considerar que no responde a las demandas de los pequeños mineros y podría poner en riesgo la conservación de sus concesiones.
Desde Sonami valoraron la pronta aprobación de las modificaciones legales, que permiten postergar hasta febrero de 2027 el pago de las patentes correspondientes a 2026 y los remates asociados, medidas que el gremio había solicitado al Ejecutivo. La entidad también destacó la incorporación de una tasa fija y la ampliación de las causales para acceder a una patente rebajada. No obstante, sostuvo que la reforma aún puede mejorarse para resolver el problema de fondo.
La nueva ley reemplaza el cobro progresivo, que podía alcanzar hasta 12 UTM por hectárea, por una tasa fija de 0,4 UTM por hectárea. Asimismo, amplía las causales para acceder a la patente rebajada de 0,1 UTM por hectárea, extendiendo este beneficio a arrendatarios y a quienes exploten legítimamente la mina.
Además, establece un régimen especial para titulares de hasta 500 hectáreas empadronados en la Empresa Nacional de Minería (Enami) u otro poder de compra, quienes podrán mantener la patente rebajada durante cinco años. También amplía la superficie que puede acogerse al beneficio de patente especial: de 50 a 100 hectáreas para la minería artesanal y de 100 a 150 hectáreas para los pequeños productores.
Pese a estas modificaciones, Sonami advirtió que el texto mantiene la intervención administrativa en el sistema de amparo, lo que, a juicio del gremio, genera distorsiones que debilitan la propiedad minera y afectan especialmente a los pequeños y medianos productores. Según la organización, esta situación también aumenta la presión sobre el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), que enfrenta importantes desafíos en su labor de promover la seguridad en las faenas mineras.
El gremio agregó que aún está pendiente restablecer los montos diferenciados para las concesiones y operaciones no metálicas, distinción que considera relevante para el desarrollo de ese segmento y que, según indicó, ha sido reconocida históricamente por la legislación.
“Esta ley alivia la urgencia, pero se debe ir más allá para entregar la certeza jurídica que el sector necesita. Mientras el amparo de la propiedad minera siga sujeto a la discrecionalidad administrativa, y no exclusivamente al pago de una patente de monto cierto, aunque diferenciado, los pequeños y medianos mineros seguirán expuestos a la posibilidad de perder sus concesiones”, afirmó el presidente de Sonami, Jorge Riesco.
La organización aseguró que continuará impulsando ante el Ejecutivo y el Congreso los cambios que considera necesarios para establecer un marco normativo simple y objetivo, que limite la discrecionalidad administrativa y resguarde la continuidad operacional del sector.
Agrumin cuestiona la tramitación del proyecto
Por su parte, Agrumin lamentó que la Cámara de Diputadas y Diputados aprobara el proyecto de ley sobre patentes mineras sin acoger la solicitud del gremio de conformar una comisión mixta para revisar las disposiciones que, a su juicio, afectan a los pequeños productores.
El presidente de Agrumin, Patricio Gatica, manifestó su decepción por el resultado de la tramitación y cuestionó que las propuestas del sector no fueran incorporadas en una reforma que, sostuvo, incide directamente en la continuidad de su actividad y en la conservación de sus concesiones.
“Es profundamente decepcionante que los diputados no hayan acogido nuestras propuestas y hayan aprobado un proyecto de ley que afecta fundamentalmente a la pequeña y mediana minería”, afirmó.
Gatica también criticó al Gobierno por la forma en que se tramitó la iniciativa y sostuvo que, en su afán de contar con su “primer proyecto minero” de la actual administración, “no tuvo dudas en darle la espalda a la pequeña y mediana minería”.
Desde Agrumin sostuvieron que el despacho del proyecto deja sin respuesta demandas fundamentales del sector y recalcaron que una reforma al sistema de patentes debe resguardar la seguridad jurídica, la propiedad de las concesiones y las condiciones necesarias para que los productores de menor escala continúen desarrollando su actividad.
“No pedíamos privilegios; exigíamos condiciones para seguir trabajando. Al aprobar este proyecto sin abrir paso a una comisión mixta, el Gobierno y el Congreso dejaron sin respuesta a pequeños mineros que arriesgan su patrimonio y sostienen el empleo en sus comunidades. Una reforma que puede llevarlos a perder sus concesiones y termina debilitando al sector que debiera proteger. El costo de esta decisión lo pagarán los productores y sus familias y, por cierto, nos hará repensar nuestro apoyo al Gobierno en futuros proyectos que involucren al sector”, concluyó Gatica.