(La Nación) El Fondo de Desarrollo para el Norte (Fondenor) está en el ojo del huracán en las zonas mineras, pues la principal objeción a este instrumento es su escaso aporte en recursos: US$224 millones a repartir en 40 comunas dedicadas a la minería de aquí al año 2025, siendo US$3 millones el tope que puede recibir un municipio.
Este punto es el que quita el sueño a los alcaldes, parlamentarios y dirigentes sociales de las comunas que consideran como una «caluga» el aporte estatal para el desarrollo de ciudades y poblados mineros, pues consideran que los fondos son insuficientes para asegurar la sustentabilidad de las poblaciones que viven de las actividades mineras.
NUEVO IMPUESTO
Por tal motivo, el Comité de Defensa y Recuperación del Cobre plantea la necesidad de establecer un nuevo impuesto a las empresas mineras que operan en el norte, cuya recaudación se concentre exclusivamente en las comunas donde operan.
Julián Alcayaga, director de la agrupación civil, señala que «desde un punto de vista contractual o legal, no existe ningún impedimento para establecer un tributo con clara identificación regional, que está expresamente autorizado por la Constitución, que su artículo 19 N° 20 autoriza que se grave actividades con una clara identificación regional, como lo es la minería en las Regiones de Tarapacá, Antofagasta, Atacama u otras regiones mineras».
INSUFICIENTE
El diputado Manuel Rojas (UDI) sostiene que «aunque aún no tenemos detalles de la forma en que el gobierno pretende distribuir ese fondo, me parece que esos US$200 millones están muy lejos de satisfacer las expectativas generadas en la zona respecto de este proyecto ya que –según se nos informó- serán repartidos en un periodo cercano a los 10 años”.
Para el senador José Antonio Gómez (PRSD), el proyecto enviado al Congreso dista mucho del original presentado por él. «Hemos dicho que debe ser un porcentaje de la tributación minera de la región, para que quede en ella. Si fuera del 5% que permita un desarrollo sustentable en el tiempo y un mejoramiento en la calidad de vida».
Fuente / La Nación