FNE obliga a gremio minero a hacer fuerte ajuste tras investigación

(La Tercera) El 8 de marzo pasado, un particular ingresó a la Fiscalía Nacional Económica (FNE) una denuncia por prácticas recurrentes de actores dominantes en el mercado de maquinaria y equipos mineros, que tendrían por objeto frenar su crecimiento o excluirla del mercado de servicios y mantención de repuestos para máquinas y equipos de la gran minería.

Seis meses después, la FNE archivó la indagatoria luego de que las firmas investigadas y la Asociación de Proveedores Industriales de la Minería (Aprimin) se comprometiera a una serie de cambios internos. Esto, porque la denunciante cuestionó al gremio de no dar pruebas “objetivas para el rechazo a su ingreso”.

A juicio de la División Antimonopolios, dirigida por el economista Gastón Palmucci, “las condiciones en que se efectuó el rechazo y el proceso mismo levantan dudas respecto a su idoneidad. Así, su estructura actual puede generar potenciales riesgos anticompetitivos, como la posibilidad de usar la plataforma de manera estratégica, impidiendo el acceso de competidores que, en términos objetivos, pudieran cumplir sus requisitos”.

Es por ello que Aprimin comprometió una serie de cambios. Entre ellos, que el registro de sus sesiones de directorio cuente con más detalles, no limitándose a los acuerdos suscritos sino incluyendo las consideraciones que llevan a estos. Por otro lado, en momentos en que se lleve a cabo una votación, se registrará el voto de cada director o participante de la junta, en relación al respectivo acuerdo o propuesta.

Además,un protocolo para comunicar la aceptación o rechazo de futuros socios, donde conste por escrito las causales de la decisión que se adopte. Y tercero, una instancia de reposición o apelación dentro de la asociación, en la cual la empresa rechazada pueda contrargumentar y/o aportar nuevos antecedentes para perseverar en su intención de ingresar. Dicha instancia deberá ser distinta a la del comité y directorio que votó primero.

Por otra parte, la denunciante acusó a Komatsu de retardar en el último tiempo la entrega de certificados de compatibilidad para tolvas de camiones, lo que le obliga a conseguirlos en el extranjeros.

Sin embargo la denunciada declaró ante la FNE, “haber cesado definitivamente en la entrega de los certificados en cuestión”, según el informe de archivo de la investigación.