Tras 20 días de paralización en Codelco y la intervención directa del Gobierno para solucionar el conflicto, Eduardo Loyola, el gerente de gestión y fiscalización de empresas contratistas -quien lideró la negativa a negociar con los trabajadores movilizados-, hace su balance del desenlace del conflicto.
-¿Cómo lee el hecho político de que el Gobierno se sentara a la mesa para solucionar el conflicto?
«Pese a experiencias anteriores motivadas por presiones ilegítimas y hechos de fuerza, esta vez no había espacio para negociación alguna. En ese sentido, el apoyo del Gobierno es altamente satisfactorio para nosotros. El último conflicto, creado artificialmente, excedía lo laboral y desde el primer día adquirió el carácter de político, al comprometerse en algunos sitios el orden público, por las acciones de violencia desarrolladas. En ese contexto, la participación del Gobierno en la solución tiene plena justificación».
-En la práctica, ¿cómo Codelco va a implementar el acuerdo? ¿A través de qué mecanismo en los contratos con sus empresas contratistas?
«El pago del anticipo de bono lo harán las empresas contratistas mediante mecanismos y condiciones que ellas definan. Codelco no intervino en el acuerdo, no es empleador de los trabajadores contratistas y, por la misma razón, no intervendrá en la suscripción de éste. Sin perjuicio de ello, las empresas contratistas que lo requieran podrán solicitar a Codelco un anticipo de flujos respecto de los montos establecidos en sus actuales contratos o futuras modificaciones con la Corporación. Nuestra intención es colaborar».
-¿Coincide con las críticas que apuntan a que lo sucedido es en parte fruto de los beneficios de los trabajadores de Codelco y la desigual situación de los otros trabajadores?
«No comparto esas críticas. Las remuneraciones de los trabajadores de Codelco se ajustan plenamente a su mercado de referencia; es decir, la Gran Minería».
-¿Qué reacción tuvo del mundo político cuando desmintió al ministro Andrade?
«Lo ignoro. Pero más allá de eso y junto con lamentar la impasse ocurrida, que no fue algo que buscamos, creo que hubo falta de coordinación. Él dio por hecha una negociación tripartita, que en la práctica no ocurría ni ocurrió».
-¿Qué evaluación tiene del rol de las empresas contratistas?
«Un sector de trabajadores contratistas aspira a negociar directamente con las empresas mandantes. Ahí está la causa del último conflicto. Hasta ahora, han tratado de imponer el modelo en Codelco, pero entiendo que la definición política es extenderlo a toda la gran minería y a otras áreas de la economía. Cabe concluir, en consecuencia, que estamos ante un potencial conflicto que excede lo laboral, toda vez que, en vez del diálogo, se ha privilegiado el uso de la violencia».
Fuente / El Mercurio