El agua de mar se ha consolidado como una fuente clave para enfrentar la sequía, sostener el crecimiento urbano y la continuidad operacional, y acompañar la expansión de la minería y la agroindustria en Chile. En este contexto, la evaluación y posterior fiscalización de los proyectos de desalinización son determinantes para su viabilidad. Este fue el eje de la exposición de Vivian Hernández, senior experta de ECOS, en Water Congress 2026, el 14º Congreso Internacional de Gestión del Agua en Minería y Procesos Industriales.
En su presentación “Desalinización: desafíos críticos en la evaluación y el cumplimiento ambiental”, Hernández revisó el marco normativo vigente y antecedentes públicos del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA). A partir de ese análisis, identificó diez desafíos críticos: seis asociados a la evaluación ambiental de los proyectos y cuatro al cumplimiento y la fiscalización una vez que entran en operación.
Los temas abordados incluyeron la descarga de salmuera y su dispersión en el medio marino, los efectos de la captación de agua de mar sobre la fauna, el consumo energético de las plantas, la gestión de químicos y residuos, y la relación con las comunidades del territorio.
“Muchas de las brechas de cumplimiento que hoy se observan en la ejecución de proyectos tienen su origen en la evaluación: compromisos redactados en términos generales, sin umbrales claros ni indicadores que permitan verificar su cumplimiento. En proyectos de desalinización, donde la descarga de salmuera y la captación de agua de mar son continuas durante toda la vida útil, definir con precisión desde el inicio qué se debe medir, cómo y con qué frecuencia es clave para dar certeza tanto al titular como a la autoridad”, explicó Hernández.
Entre sus recomendaciones, la especialista destacó la necesidad de fortalecer las líneas de base marinas, utilizar modelos avanzados de dispersión de salmuera en función de las distintas condiciones de nuestras costas en Chile y definir, desde la evaluación, condiciones operacionales cuantificables y verificables, acompañadas de sistemas de monitoreo y seguimiento de largo plazo.
“La desalinización es una alternativa relevante para avanzar en seguridad hídrica, pero su desarrollo requiere anticipar los impactos ambientales desde el diseño de los proyectos y establecer medidas que puedan verificarse durante la operación. Una buena evaluación es también la base de un cumplimiento efectivo, todo lo cual reduce los riesgos y entrega garantías para la continuidad operacional de los proyectos”, sostuvo Hernández.
Actualmente, la industria minera usa cerca del 80% de la capacidad de producción del agua de las plantas desalinizadoras, y proyecta una creciente y continua dependencia del agua de mar, anticipar estos desafíos permite asegurar el suministro de agua para sus operaciones, lo cual es condicionante para su producción. Se resalta desde el punto normativo la publicación de la Ley N° 21.813 en mayo de 2026, sobre uso de agua de mar para desalinización, que entrará en vigencia en noviembre de 2027.
En lo ambiental, incorpora al SEIA las plantas desaladoras de dimensión industrial y los proyectos de extracción intensiva de agua de mar, y habilita al Ministerio del Medio Ambiente para dictar una norma de emisión de salmueras. A su vez, la Estrategia Nacional definirá las zonas donde convenga evitar esas descargas.
En fiscalización, la Dirección General de Aguas (DGA) controla todo el ciclo de vida del proyecto mediante un informe técnico vinculante, un inventario público de plantas y multas de hasta 10.000 UTA, con posible caducidad de la concesión, incluso para concesiones existentes.
En cuanto al uso, la ley prioriza el consumo humano y el saneamiento, y permite exigir hasta un 5 % de la producción para esos fines en proyectos con otro destino principal, como los mineros. Todo esto plantea un fuerte desafío a considerar para la evaluación y las distintas industrias y desarrollo de este de tipo de proyecto.
Con su participación en Water Congress 2026, ECOS reafirma su aporte al debate técnico sobre infraestructura hídrica y su rol clave tanto para la minería como para las otras industrias y consumo humano, integrando evaluación ambiental y gestión del cumplimiento.