(EFE) La empresa Doe Run incumplió a la hora de entregar la documentación solicitada por el ministerio peruano de Energía y Minas que garantice la reanudación el próximo 27 de las operaciones del complejo metalúrgico de La Oroya, paralizado hace un año, se informó hoy oficialmente.
Un comunicado de ese ministerio precisó que la empresa estadounidense incumplió la exigencia de acreditar que cuenta con la financiación del proyecto de manejo medio ambiental, que está pendiente desde 2008.
Asimismo, tampoco cumplió con acreditar la provisión de concentrados de minerales, un acuerdo de pagos firmado con sus acreedores comerciales, la modificación del contrato de fideicomiso y el contrato de garantías a otorgarse al Ministerio.
El pasado martes, el ministerio había solicitado esa información a Doe Run, para que la entregase en un plazo de 48 horas, pero la compañía aún no tiene esa documentación, según informaron hoy su gerente general, Juan Carlos Huyhua, y el vicepresidente corporativo de asuntos ambientales, José Mogrovejo, añadió el comunicado.
En tal sentido, el ministerio remarcó que el plazo máximo para la entrada en operación del complejo metalúrgico vence el próximo martes 27 de Julio.
Pasado ese plazo, el Gobierno podría iniciar el proceso de cierre de la empresa en Perú, según ha manifestado en repetidas ocasiones el ministro de Energía y Minas, Pedro Sánchez, con el evidente riesgo para sus 3.000 trabajadores.
Doe Run Perú opera el Complejo Metalúrgico de La Oroya desde 1997, y la mina Cobriza, en Huancavelica, desde 1998, donde produce plomo, zinc, cobre, plata y oro, además de subproductos como el ácido sulfúrico y el indio.
A raíz de la crisis financiera mundial, la minera redujo el año pasado sus operaciones al mínimo aduciendo que no tenía recursos suficientes, después de que se le suspendiera un crédito de un conjunto de bancos extranjeros.
La firma, además, fue expulsada de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) por no completar su Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA), un compromiso que ha avanzado desde 2006 en poco más del 50 por ciento, faltando una inversión de 160 millones de dólares para finalizarlo.
Durante los últimos meses, el sindicato de trabajadores ha realizado varias marchas de protesta, que incluyeron el cierre del tránsito por la concurrida carretera Central, para presionar al Gobierno y a la empresa a que reanuden las operaciones en el complejo.
Fuente / EFE