¿Cómo afectaría un Ministerio de Pueblos Indígenas a futuros proyectos?

(Pulso) El pueblo de San Esteban, ubicado al norte del río Aconcagua, a los pies de la cordillera de Los Andes, (Región de Valparaíso), podría anotarse otro hito histórico a todos los que ya tiene. El 1 de febrero de 2015 y luego de cinco meses de negociaciones, representantes de nueve etnias originarias aprobaron la posibilidad de que se forme un Ministerio de Pueblos Indígenas.

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Delegados de los pueblos Aymara, Quechua, Atacameño, Colla, Rapa Nui, Diaguita, Mapuche, Yagan y Kawéskar se dieron la mano con las máximas autoridades del Ministerio de Desarrollo Social, en un recinto construido con madera nativa y vigas a la vista.

Si bien, el posible ministerio aún no se crea, el Gobierno quiere ingresar los proyectos de ley respectivos durante el primer semestre de 2015, a pesar de que hay sectores indígenas que no están de acuerdo con  los alcances y cómo se está llevando a cabo el proceso.

Los 152 delegados reunidos en San Esteban, definieron además la creación de nueve consejos y un Consejo Nacional, comprometiéndose a hacerse responsables de los cambios necesarios para este nuevo organismo, acogiendo el Convenio 169 de la OIT.

¿Cómo un ministerio de este tipo podría afectar a los grandes proyectos de inversión, principalmente en el área minera y energética? ¿Será un ente que disminuirá o aumentará la judicialización de proyectos?, ¿Cómo trabajará en conjunto y se complementará con el Ministerio y la superintendencia del Medio Ambiente en este aspecto? Específicamente, ¿Cuál será su rol en  el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA)? son algunas de los cuestionamientos que surgen. Para hacerse una idea, según el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), un 69% del total de procesos de consultas finalizadas, en desarrollo y proyectadas corresponde a proyectos del sector energético. La minería abarca un 25%  y la industria  de celulosa y embalses de ríos, un 6%. Por otro lado, el sur de Chile concentra el 44% de consultas indígenas y el norte, el 37%. Sólo un 6% de las consultas son interregionales.

El panorama

Según especialistas y el Gobierno, uno de los primeros pasos será establecer una institucionalidad fuerte. “Hoy en día existen  limitantes estructurales en la actual institucionalidad. La Conadi (Corporación Nacional de Desarrollo Indígena) no tiene presencia en todas las regiones y en varias de ellas, posee uno o dos funcionarios, lo que  impide  dar  solución a los distintos problemas de los pueblos indígenas. También carece de las facultades de tener sus propias iniciativas legislativas”, indica María Fernanda Villegas, ministra de Desarrollo Social.

En cuanto a los proyectos de inversión, Villegas es clara: “Al igual que todos los demás organismos de este tipo, tendrá por finalidad  relevar y coordinar las políticas sectoriales. Por lo tanto, en lo  relativo a las inversiones, el futuro Ministerio de Pueblos Indígenas tendrá la misma injerencia, que cualquier otra cartera”.

El abogado Rodrigo Benítez, ex subsecretario del Medio Ambiente (administración de Piñera) y actual Socio en Baker & McKenzie, comenta que actualmente, la aprobación de proyectos, mediante consulta indígena se rige por el SEIA, por lo que  en la medida que se mantenga el sistema, un nuevo ministerio, no generaría grandes cambios en los proyectos de inversión. “La diferencia podría darse con relación al organismo que se va a pronunciar respecto a los proyectos. Se ha dicho que seguirá siendo la Conadi para algunas cosas, pero aún no se sabe con certeza. Lo importante es que sea una sola entidad, no varias, porque eso sí que significaría una mayor judicialización y paralización de los proyectos”, dice Benítez. Agrega: “Lo que no me parecería razonable es extraer la consulta indígena del SEA para llevarla a un nuevo procedimiento. Eso sería un completo error, porque se está dando mayor burocracia a los temas administrativos. No tendría mucha lógica en cuanto a recursos y personal”.

Lorenzo Soto, abogado y  doctor en Derecho Ambiental, estima que un ministerio debería tender a perfeccionar el sistema de consultas indígenas para los proyectos de inversión. “Pero para eso, es fundamental que quien lo dirija, al igual que sus funcionarios, tenga una mirada indigenista, en vez de una productivista. O sea, que posean una vocación por defender los derechos indígenas”. Según Soto, definitivamente, el posible ministerio debería sustituir a la Conadi e incluso, cree que en las regiones se deberían crear seremis, que lo representen.

“Una vez conformado, lo más urgente sería hacerse cargo de las consultas indígenas que están en proceso. Pero sobre todo, proveer los recursos financieros o los medios para que las comunidades puedan defenderse o entender los problemas de impacto ambiental, con gente que se los explique, que tengan una real participación. En definitiva, la primera necesidad es hacerse cargo de que las consultas indígenas se hagan conforme a los estándares internacionales”, concluye soto.

Si se logra concretar el ministerio en los próximos años, sería un verdadero hito, considerando que en 1992 fue la primera vez que los pueblos indígenas plantearon la necesidad de su creación, en una histórica cumbre realizada en el simbólico cerro Ñielol.