La conservación de la biodiversidad constituye un objetivo deseable para cualquier sociedad que aspire a un desarrollo verdaderamente sostenible. Chile, uno de los países con una significativa riqueza de ecosistemas, especies y genes, tiene la responsabilidad de conservar ese capital natural para la subsistencia y bienestar de su población y de sus futuras generaciones.
Sin embargo, ese loable propósito, deviene en algo impracticable para el país, en razón del conflicto jurídico existente entre lo que disponen las normas hoy vigentes en el texto de la Ley SBAP, y, la ineludible obligación de acatar los ejes fundamentales de un estado de derecho, como son la certeza jurídica, los derechos adquiridos, la irretroactividad de la ley, el respeto del derecho de propiedad y ciertamente de la libertad para contratar y emprender cualquier actividad que no sea contraria a la constitución y las leyes.
La entrada en vigor de la Ley N° 21.600, que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), abre un debate que trasciende lo ambiental. Lo que está en discusión no es si debemos conservar la biodiversidad —en eso existe amplio consenso—, sino la forma en que esa protección se implementará y las consecuencias económicas y patrimoniales que esto tendrá sobre quienes son dueños de derechos mineros e inmuebles en los cuales desarrollan sus actividades productivas e industriales.
Uno de los aspectos que más inquietud genera es la amplitud de las atribuciones que la nueva institucionalidad ambiental concentrará de forma exclusiva para la planificación y administración del territorio. La creación de los llamados ‘Sitios Prioritarios’, los nuevos instrumentos de conservación y las incuantificables nuevas exigencias en materia de compensaciones ambientales que podrían modificar profundamente las condiciones bajo las cuales hoy operan proyectos mineros, industriales, agrícolas, forestales, energéticos y de infraestructura.
La preocupación aumenta cuando existe la percepción de que estas nuevas herramientas de gestión ambiental podrían afectar permisos previamente otorgados o imponer exigencias adicionales e incluso retroactivas a proyectos que ya cumplieron con toda la normativa vigente. La estabilidad regulatoria es un activo indispensable para cualquier economía que aspire a atraer inversión y generar empleo. Si las reglas pueden aplicarse retroactivamente una vez que las inversiones ya fueron realizadas, inevitablemente aumenta la incertidumbre.
La minería conoce mejor que nadie la importancia de compatibilizar producción y protección ambiental. Durante las últimas décadas el sector ha incorporado estándares cada vez más exigentes, herramientas de evaluación ambiental rigurosas, planes de cierre, monitoreo permanente y una creciente incorporación de tecnologías para disminuir sus impactos. El desafío, por tanto, no consiste en elegir entre minería o biodiversidad, sino en construir un marco regulatorio balanceado que permita avanzar en ambas dimensiones.
El marco regulatorio ambiental debe descansar sobre mandatos legales claros, criterios técnicos indubitados, evidencia científica comprobada y procedimientos transparentes. Las decisiones respecto del uso del territorio deben ofrecer reglas precisas, objetivas y previsibles, evitando espacios de arbitrariedad que puedan afectar la confianza de inversionistas, comunidades y propietarios.
Chile necesita consolidar su institucionalidad ambiental, pero también preservar las condiciones que han permitido el desarrollo de sectores estratégicos para la economía nacional. La pequeña, mediana y gran minería, al igual que muchas otras actividades productivas, requieren certezas técnicas y jurídicas para seguir invirtiendo, innovando y generando oportunidades para las regiones.
El verdadero desafío no consiste en enfrentar propiedad y conservación como objetivos incompatibles. Consiste, precisamente, en lograr que ambos avancen de manera equilibrada. Proteger la biodiversidad es indispensable; hacerlo respetando la seguridad jurídica, los derechos adquiridos y el desarrollo económico del país también lo es. Ese equilibrio será, probablemente, la principal prueba que deberá superar la implementación de la Ley SBAP.