La fuerza ilegítima anula los beneficios obtenidos por quien la ejerce, principio básico en una democracia.
A propósito de la fuerza ejercida por algunos trabajadores en huelga en el sector minero, cabe preguntarnos si Chile es o no un Estado de Derecho. Si un país permite válidamente obtener derechos logrados mediante el uso de la fuerza, entonces que cualquier persona haga lo mismo y estaremos en la más completa indefensión y se impulsa un nuevo «octubrismo».
La legitimidad de las huelgas, amparadas por la ley en beneficio de los trabajadores, exige negociaciones pacíficas; si este requisito no existe, todo derecho que se obtenga es nulo. Quienes han bloqueado carreteras o paralizado ilegalmente faenas, sea en sectores públicos o privados, están ejerciendo esa fuerza ilegítima (la legitima solo la tiene el Estado), no solo en contra de sus empleadores, sino en contra de todo un país, en contra de trabajadores que legítimamente desean llegar a sus labores.
El mensaje que entregan, incluso a sus propios hijos, consiste en que es posible conseguir propósitos mediante flagrante violación del Estado de Derecho. Por qué algunos se permiten ejercer estas ilegalidades, mientras que, si alguien las ejerce en contra de ellos, es seguro que la rechazarían. La ley del más fuerte; la derrota de la paz.
La fuerza ejercida por algunos trabajadores en el sector minero, como en todo país en que impere la ley, arrasa con los derechos de todos quienes están afectados por su ejercicio, sea directa o indirectamente.
Las autoridades respectivas tienen el deber de restaurar el imperio del Derecho, sin ampararse en que una causa pueda estar judicializada. Cada poder del Estado, en el respectivo ámbito de sus atribuciones, está obligado a cumplir con sus obligaciones constitucionales y legales; el Poder Judicial a sentenciar, y el Poder Ejecutivo a restaurar el orden.