Cada vez es más común escuchar acerca de iniciativas de participación de las comunidades –en particular comunidades indígenas– en cuestiones ambientales vinculadas a proyectos y operaciones mineras. Una primera aproximación sugiere intuitivamente que cualquier mecanismo de participación comunitaria tiene un signo positivo. Aunque parezca obvio, conviene, sin embargo, dar un paso atrás para identificar su fundamento último como una buena práctica.
El punto de partida son los tres principios que debieran inspirar las relaciones entre empresas y comunidades: respeto, diálogo genuino y búsqueda de beneficios mutuos. El respeto a sus derechos, intereses y prioridades es la base de cualquier relación que aspire a transformarse en un diálogo genuino con las comunidades. Pero, ¿qué significa entonces ‘diálogo genuino’? Como muchos conceptos vinculados a la práctica de las relaciones comunitarias, podría transformarse en una cáscara vacía si no lo dotamos de contenido.
En el caso de empresas que generan impactos ambientales y sociales en los territorios, un diálogo genuino debe partir por ahí: su principal responsabilidad es evitar, minimizar o mitigar eficazmente esos impactos. Por su parte, las comunidades receptoras de inversiones mineras son claras en sus expectativas: quieren participar activamente en el proceso de identificación y evaluación ambiental de esos impactos y de las medidas que se proponen para mitigarlos.
Esta aspiración plantea desafíos urgentes para la elaboración de líneas de base ambiental de proyectos de inversión, en que la recogida de información primaria es clave para construir instrumentos de evaluación robustos. Esto lo saben bien las comunidades; de ahí que cada vez es más relevante diseñar estos procesos incluyendo mecanismos de participación que sean concretos y asertivos, en el sentido que no generen expectativas de participación o incidencia de las comunidades que luego no se cumplirán.
En las operaciones, los llamados ‘monitoreos participativos’ cobran gran relevancia. De hecho, muchas veces estos mecanismos son acordados como medidas o compromisos voluntarios en los procesos de evaluación ambiental. Sin embargo, una cosa es el papel y otra muy distinta, la práctica. No se trata sólo de las brechas en el conocimiento técnico que requiere un ejercicio de monitoreo participativo, pues tales brechas se pueden acortar o superar con un esfuerzo sistemático de capacitación. Más compleja es la pregunta sobre el verdadero alcance de un monitoreo participativo: ¿se trata sólo de que las comunidades sean observadores capacitados de las tareas de monitoreo ambiental? ¿Cómo se reacciona cuando una comunidad solicita levantar contra-muestras y hacerlas analizar por laboratorios independientes al de la empresa?
A veces, también, surgen cuestiones que dan vuelta el tablero. Como cuando una comunidad sugiere que un monitoreo de una variable ambiental se puede realizar a través de una práctica basada en el conocimiento tradicional, y ofrece capacitar a los profesionales de la empresa en esa práctica. Estas cuestiones exigen mucho más que empresas apertrechadas de profesionales técnicamente idóneos. Entender e incorporar estas visiones es tan o más determinante.