La historia se repite. Hace poco la opinión pública tomó nota de un conflicto entre Codelco y la Contraloría General de la República. La misma situación se produjo hace 22 años. En ambas oportunidades Codelco recurrió a los Tribunales; el primer juicio está archivado y lo más probable es que el actual corra la misma suerte.
Se trata de una diferencia respecto del carácter y alcance de la supervisión que la Contraloría puede ejercer sobre Codelco. La empresa sostiene que la Contraloría sólo puede intervenir en casos muy especiales y previo conocimiento de la Presidencia de la República. La Contraloría sostiene que Codelco administra fondos públicos y que, por tanto, está sujeta a su control, sin limitación alguna. Sin embargo, la Ley de Cochilco establece que es a este organismo al que le corresponde supervisar Codelco.
La controversia deriva del hecho de que Codelco es una empresa que debe competir en el mercado y a la que el país le exige ser tanto o más rentable que el resto. Para ello tiene que contar con atribuciones necesarias para tomar decisiones. No es el caso de los servidores públicos que sólo pueden hacer lo que las leyes pertinentes disponen, lo que significa no asumir riesgo. Esta distinción explica por qué los empleados de Codelco se rigen por el Código del Trabajo y no por el Estatuto Administrativo, aplicable a los servicios públicos.
La controversia con la Contraloría no es más que un ejemplo de las constantes interferencias a que ha sido sometida Codelco durante toda su existencia. Entidades como la Contraloría General de la República, el Congreso Nacional, las Fuerzas Armadas, el Consejo de Defensa del Estado y los Ministerios de Hacienda y Minería, han planteado la necesidad de someterla a mayores controles políticos y administrativos, o de participar en la asignación de sus excedentes.
Particular importancia reviste la tensión permanente con el Ministerio de Hacienda, que ejerce una supervisión directa sobre la gestión de la empresa, vía control presupuestario y la aprobación del monto a invertir. Desde siempre ha existido una contradicción evidente entre los intereses de corto plazo de la autoridad económica y los objetivos de mediano plazo de Codelco. Su competitividad se ha visto afectada por el énfasis en el control de sus costos operacionales.
Es sabido que la única manera en que las empresas mineras pueden mantenerse competitivas es desarrollando yacimientos nuevos o de alta ley, lo que requiere un significativo esfuerzo de inversión. Codelco en 1990 producía más del 80% del cobre en Chile; actualmente produce alrededor del 25%. Esto es resultado de no haber capitalizado la empresa como era necesario. Durante prácticamente toda su existencia Codelco ha estado sometida a la exigencia de Hacienda de traspasar al Fisco el 100% de sus excedentes, no pudiendo capitalizar una parte, como hubiera sido razonable. Respondiendo a la crítica situación de caja que enfrentó la Corporación en 2016, el Ministerio de Hacienda reaccionó aprobando capitalizar US$4.000 millones para financiar parte de la inversión requerida, del orden de US$22.000 millones.
La Ley que estableció en 2009 el gobierno corporativo de Codelco es el primer intento, relativamente exitoso, por crear un mecanismo que permita fortalecerla, profesionalizándola, aumentando la transparencia y otorgándole mayor autonomía respecto de los gobiernos de turno. Aun así, falta mucho por hacer para que pueda funcionar como una empresa que ha liderado la industria del cobre en el mundo y que pretende recuperar ese sitial. Ello exige cuidar Codelco y no someterla a la presión constante de los diversos intereses y centros de poder.