El Proyecto de Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales, que avanza en el Senado, ha abierto un debate sobre cómo lograr un equilibrio entre la agilización de procedimientos y el resguardo de los estándares ambientales.
La iniciativa tiene como objetivo establecer un marco general que permita estandarizar y coordinar la actuación de los organismos de la Administración del Estado, con competencia para otorgar autorizaciones para desarrollar proyectos de inversión.
Si bien introduce avances significativos, en cuanto a la estandarización de procedimientos, la definición de plazos y la implementación de un sistema informativo digital que mejora la visibilidad y trazabilidad de los permisos, su alcance va más allá de una simple reorganización del sistema vigente. Incorpora transformaciones estructurales como la creación de técnicas habilitantes alternativas (avisos y declaraciones juradas) para actividades de bajo riesgo, la tramitación ágil de proyectos priorizados mediante la reducción de plazos, y el establecimiento de un marco de mejora regulatoria continua que permite suprimir o modificar autorizaciones existentes.
Una de las modificaciones relevantes es la participación de entidades técnicas externas en la verificación de requisitos, lo que representa un cambio en la forma en que se gestionan y fiscalizan los permisos.
Aunque las reformas propuestas no pueden afectar los mecanismos de protección ambiental y social, esta iniciativa busca facilitar la inversión y el desarrollo productivo sostenible, mediante una regulación más clara, eficiente, proporcional y predecible.
Entre los cambios que se introducen al procedimiento actual se incluyen normas mínimas comunes para la tramitación, tales como: el establecimiento de un procedimiento unificado de solicitudes con examen de admisibilidad; la regulación de la solicitud de información complementaria para limitar la discrecionalidad; la definición de plazos máximos para resolver; y el reconocimiento del silencio administrativo como una forma de autorización tácita, entre otros aspectos.
Si bien la creación del Sistema de Información Unificado de Permisos Sectoriales (SUPER) no sustituye al SEIA, se espera que fortalezca la eficacia de la evaluación ambiental al mejorar la gestión de los permisos ambientales sectoriales (PAS), asegurar su coherencia con la RCA y facilitar el seguimiento y fiscalización del cumplimiento ambiental de los proyectos.
Actualmente, la evaluación ambiental de un proyecto de inversión se aprueba mediante una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable, que incluye una serie de compromisos y condiciones, entre ellos, los permisos ambientales sectoriales. Cada uno de estos permisos tiene procesos separados, formularios distintos, tiempos variables y sistemas desconectados, lo que impide el seguimiento oportuno de las solicitudes, produce duplicación de requerimientos ya resueltos en la RCA, y puede generar solicitudes de información ambiental adicional, con los consiguientes retrasos, inconsistencias y falta de certeza jurídica.
Dentro del nuevo marco normativo, los PAS seguirán siendo un componente esencial para la ejecución de proyectos de inversión, pero asumirán un rol más acotado, coordinado y eficiente, evitando duplicidades con la RCA y estandarizando y simplificando su tramitación mediante la clasificación en tipologías (de funcionamiento, de localización, según tipo de proyecto).
Por ejemplo, el Permiso de Cierre de Faenas Mineras, a cargo del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), actualmente puede incluir evaluaciones ambientales, lo que genera solapamientos con el SEIA. Con las modificaciones propuestas en el proyecto de ley, este PAS se limitará a verificar aspectos técnicos y administrativos no evaluados ambientalmente.
El equilibrio entre la agilización del otorgamiento de permisos y el cumplimiento efectivo de estándares ambientales se aborda mediante la aplicación del principio de proporcionalidad, exigiendo mayores requisitos a proyectos con mayor riesgo ambiental y estableciendo procedimientos diferenciados para actividades de bajo riesgo.
Según el Banco Mundial, el Indicador de Calidad Regulatoria (WGI 2022) muestra que Chile se ubica con un valor de +0.99, por encima del promedio mundial, lo que evidencia una percepción internacional favorable respecto de su capacidad regulatoria. Sin embargo, al compararse con el promedio OCDE (+1.20), Chile se sitúa por debajo, lo que sugiere espacio para mejorar en eficiencia, coordinación y calidad normativa, aspectos clave para optimizar la tramitación de permisos.
Desde otra perspectiva, el Foro Económico Mundial (2019) manifiesta que la percepción empresarial sobre la carga regulatoria en Chile, medida mediante el subíndice de “Carga de la Regulación Gubernamentalâ€, es de 3.4, menor al promedio OCDE (4.1). Esto indica que las empresas perciben los procesos como más complejos, lentos o inciertos que en economías más avanzadas, posiblemente por falta de coordinación entre organismos, exceso de trámites, requisitos redundantes o una normativa poco estandarizada.
En conclusión, si bien el proyecto de ley representa un avance significativo hacia la modernización y eficiencia del sistema de autorizaciones sectoriales, su implementación debe resguardar de forma efectiva los estándares de protección ambiental. Este equilibrio será el principal desafío para las autoridades y titulares de proyectos en el nuevo escenario regulatorio.