Bases para una Política Nacional de Relaves ¿Un real avance en la remediación de Pasivos Ambientales Mineros?

Oct 7, 2020

Según el Catastro de Depósitos Relaves elaborado anualmente por el Sernageomin, hasta abril de 2019 en nuestro país existían 742 de estos depósitos, lo que posicionó a Chile como el tercer país del mundo con la mayor cantidad de ellos. De este inventario, 463 depósitos se encuentran inactivos y otros 173 abandonados, representando entre ambas […]

Según el Catastro de Depósitos Relaves elaborado anualmente por el Sernageomin, hasta abril de 2019 en nuestro país existían 742 de estos depósitos, lo que posicionó a Chile como el tercer país del mundo con la mayor cantidad de ellos. De este inventario, 463 depósitos se encuentran inactivos y otros 173 abandonados, representando entre ambas categorías un 85% del total catastrado. Dichas instalaciones configuran uno de los principales problemas ambientales del sector minero, lo cual es preocupante si se considera que la mayoría de estos han sido dispuestos en el territorio nacional sin un proceso adecuado de cierre, clasificándose como un Pasivo Ambiental Minero (PAM) en la medida que impliquen un “riesgo significativo” para la seguridad y salud de las personas o el medio ambiente.

Ante esta situación, en julio de 2019 el gobierno difundió el documento denominado “Bases para una Política Nacional de Depósitos de Relaves”, que, si bien establece solo las “bases” para una eventual política –como indica el título–, este ha sido tratado y promovido como la “Política de Relaves”[1]. Conjuntamente, también se dio a conocer el “Plan Nacional de Depósitos de Relaves”, que complementa y operativiza las directrices que establece dicha política, las que, en teoría, intentan dar respuesta a las problemáticas relacionadas con las faenas y depósitos mineros abandonados, así como también a los desafíos futuros de la industria minera.

Lamentablemente, el alto riesgo y peligrosidad que representan dichos depósitos abandonados para el bienestar, la salud de comunidades y la biodiversidad local, están siendo abordados de manera deficiente en las medidas que presenta dicha política y su respectivo plan. Esto se debe a que el conjunto de iniciativas que se proponen son de carácter voluntario y otras presentan problemas de implementación -algo que el propio plan nacional de relaves reconoce-, lo cual no permite asegurar un efectivo proceso de remediación de pasivos mineros, ni tampoco lograr la recuperación y/o rehabilitación ecológica de las áreas afectadas por los mismos.

Lo anterior, se evidencia en una de las principales propuestas de la política que dice relación con la implementación de un “Programa de Compensación” que incentiva que nuevos proyectos mineros, de forma voluntaria, compensen los impactos ambientales de un nuevo proyecto mediante la reubicación y/o cierre –cumpliendo la legislación vigente– de depósitos de relaves abandonados o inactivos. Para implementar el programa de compensación se elaboró un listado de 101 depósitos de relaves “prioritarios”, los cuales carecen en su categorización y priorización de un análisis formal y detallado del riesgo que estos representan para las personas y/o ecosistemas, según lo que establece, por ejemplo, la Guía Metodológica de Evaluación de Riesgos Para el Cierre de Faenas Mineras del año 2014, elaborada por el Sernageomin. Asimismo, la titularidad de muchos de estos relaves abandonados es algo no resuelto, ya que un 73% de estos se localizan en terrenos que presentan un dueño o propietario y/o que están sujetos a concesiones mineras. Además, no existe información pública sobre las metodologías que se utilizarán para establecer las equivalencias de los impactos a compensar, restricciones que claramente dificultan la implementación de la iniciativa.

Ante el problema expuesto, como Fundación Terram una vez más relevamos la necesidad de avanzar en una “Ley de Pasivos Ambientales Mineros” que defina legalmente lo que es un PAM y regule los procesos de caracterización y priorización -en función del riesgo- de las faenas e instalaciones mineras abandonadas, pero por sobre todo que formalice una evaluación real del costo de remediación de dichas instalaciones y la rehabilitación ecológica de las áreas afectadas, estableciendo responsabilidades claras en la materia y las herramientas financieras necesarias que permitan llevar a cabo un plan nacional de cierre. Solo de este modo se podrá lograr un avance real y definitivo que resuelva una de las principales deudas socioambiental de la minería chilena.

[1] El documento sobre “Bases para una Política Nacional de Depósitos de Relaves” está disponible para su descarga en: http://www.planderelaves.cl/

Telye Yurisch Toledo

Economista de Fundación Terram

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