La Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) y la Pontificia Universidad Católica de Chile suscribieron un Convenio Marco de Colaboración orientado a fortalecer la generación de evidencia técnica, el diseño de políticas públicas y el desarrollo de capacidades para una minería sostenible.
El convenio fue firmado por la vicepresidenta ejecutiva (s) de Cochilco, Claudia Rodríguez Lagos, y por el prorrector de Gestión Institucional de la UC, Francisco Gallego Yáñez.
La alianza contempla el intercambio de datos y la ejecución conjunta de iniciativas destinadas a desarrollar metodologías, indicadores y sistemas de información que fortalezcan la inteligencia pública sobre la cartera de inversión minera. Asimismo, busca promover la transferencia de conocimiento entre la academia, el sector público y la sociedad civil.
El acuerdo considera la elaboración de reportes técnicos y publicaciones conjuntas, la realización de instancias de formación y la participación en iniciativas nacionales e internacionales vinculadas con la transparencia extractiva.
Evidencia para una mejor política minera
La vicepresidenta ejecutiva (s) de Cochilco, Claudia Rodríguez, destacó que el convenio permitirá vincular el conocimiento académico con las necesidades de información del Estado y apoyar decisiones de largo plazo para el sector.
“Contar con evidencia técnica sólida, información pública de calidad y metodologías robustas es fundamental para diseñar políticas mineras efectivas y transparentes. Este acuerdo nos permitirá ampliar la colaboración con la academia y generar conocimiento útil para anticipar desafíos, orientar la inversión y avanzar hacia una minería cada vez más responsable, sostenible y conectada con las necesidades del país”, expresó la vicepresidenta ejecutiva (s).
Origen de la colaboración
La colaboración se origina en el estudio “Minerales críticos chilenos: propuestas interdisciplinarias de políticas públicas para impulsar una minería responsable y sostenible”, seleccionado en el Concurso de Políticas Públicas UC 2025 y desarrollado con el apoyo del Centro de Políticas Públicas UC por un equipo interdisciplinario integrado por Kay Bergamini, del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales; Katherine Mollenhauer, de la Escuela de Diseño; Ricardo Irarrázabal, de la Facultad de Derecho; y Álvaro Videla, del Departamento de Ingeniería de Minas.
La investigación abordó los desafíos y oportunidades de Chile en materia de minerales críticos, con foco en el cobre y el litio, e identificó brechas institucionales, territoriales y productivas. A partir de ese diagnóstico, formuló directrices y recomendaciones para avanzar hacia un desarrollo minero responsable, competitivo y coherente con la transición energética.
Para Kay Bergamini, académico del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales UC, coautor del estudio y coordinador del convenio por parte de la Universidad, el desafío del país está en las capacidades para concretar esa oportunidad. “No basta con tener recursos, se requiere mejores capacidades de planificación, coordinación e implementación”, afirmó.
“El desafío está en traducir los instrumentos de política existentes en gobernanza efectiva, con implementación territorial e información verificable para los territorios”, agregó.
Validación técnica de Cochilco
Cochilco participó como contraparte técnica en el proceso de validación del estudio, revisando la consistencia de sus antecedentes y diagnóstico. Esta validación aporta respaldo técnico al trabajo y contribuye a acercar sus propuestas a los desafíos concretos que enfrenta el sector.
“La validación realizada por Cochilco permitió contrastar los hallazgos y recomendaciones del estudio con información sectorial y con los desafíos que observamos en el desarrollo de la minería chilena. Este trabajo constituye un aporte relevante porque entrega una mirada interdisciplinaria y propuestas que pueden enriquecer la discusión y el diseño de políticas públicas sobre minerales críticos”, afirmó la directora de Estudios y Políticas Públicas de Cochilco, Patricia Gamboa.
Con la suscripción de este convenio, ambas instituciones proyectan una agenda de trabajo que favorecerá la producción y difusión de conocimiento, la formación de capacidades y el desarrollo de herramientas para mejorar la toma de decisiones públicas en minería.