Veinte días de huelga y cientos de millones de dólares de pérdidas dejó el conflicto generado por un grupo de trabajadores subcontratistas de Codelco.
Dada la complejidad de este conflicto conviene analizar diversos ángulos del problema.
En primer término, Codelco no puede eximirse de su responsabilidad en este conflicto. Codelco aumentó el número de trabajadores subcontratados mucho más rápido que cualquier otra empresa minera, lo que es un síntoma más de las debilidades que presenta la empresa. La decreciente productividad de sus trabajadores propios la obligaron a recurrir más intensivamente que sus competidores a este medio de contratación de servicios laborales. No es casual que el conflicto no se haya extendido a la minería privada.
Codelco también tiene una responsabilidad al no haber enfrentado con mayor proactividad los desafíos que le impuso la ley de subcontratación o, en su defecto, no haber sido capaz de comunicar sus avances en la materia. Independientemente del válido camino judicial para oponerse a aspectos improcedentes de la ley, estaba claro que debía actuar rápido y con visibilidad pública para minimizar las fuentes de conflicto y evitar o aminorar de esta forma la intensidad de un conflicto a todas luces inevitable.
Lo anterior debe entenderse en un marco donde existe la manifiesta intención de un sector político para imponer una agenda más radical en el país. Codelco tiene razón al defender a ultranza el apego a la ley laboral, evitando negociar con trabajadores subcontratados. Si lo hiciera, validaría de facto un nuevo esquema de relaciones laborales en el país, responsabilidad que escapa por mucho a su rol. Los sectores políticos que impulsan o avalan el conflicto de los subcontratistas en Codelco, han explotado hábilmente las debilidades que supone la cualidad estatal de Codelco para lograr el máximo de efectividad en sus objetivos. El simbolismo y su estatus especial dentro del estado hacen inevitable que sus acciones tengan un efecto nacional.
No es ilegítimo que ciertos sectores políticos pretendan un nuevo marco laboral. Lo que es complejo es que se instrumentalice a una empresa estatal para alcanzarlo, más aún con la aquiescencia de actores políticos incluso en el propio gobierno. La ambigüedad o las “dos almas”, quedaron plasmadas en un campo de batalla inadecuado: Codelco.
Este episodio no hace sino demostrar, una dolorosa vez más, que Codelco no está en condiciones de ser una empresa bajo el actual marco que la rige. Mientras las otras empresas productoras de cobre enfocan todos sus esfuerzos en crecer de la forma más rápida posible, Codelco se debate entre conflictos políticos de toda índole y sin capacidad para enfrentarlos adecuadamente. No hablemos ya de crecer a la velocidad requerida por la demanda de China y mucho menos de pensar en adquirir activos externos o a competidores. Ojalá la lectura que el país haga de este conflicto sea la de que por este camino Codelco será una compañía cada vez más pequeña respecto a su competencia, más ineficiente y con menor capacidad para aportar al erario nacional.
Fuente / Cesco