Es obvio que una empresa vale lo que estén dispuestos a pagar por ella. En ausencia de un valor de Bolsa, el Centro de Minería ha estimado que Codelco, sin Ley Reservada del Cobre, podría valer en la actualidad entre 80 mil y 100 mil millones de dólares. Con dicha ley, la empresa valdría mucho menos, porque pocos están dispuestos a comprar una compañía que tiene un impuesto sobre el 10% de sus ventas.
En el pasado, en un contexto de propiedad estatal, mucho más importante que el traspaso del 10% de sus ventas anuales a las Fuerzas Armadas es que el dueño capturó prácticamente el 100% de sus excedentes, sin reinvertirlos en la empresa. Por ello, Codelco ha tenido un programa de inversiones subóptimo en los últimos años.
Para el futuro la situación tampoco es muy promisoria, ya que el proyecto del Ejecutivo para modificar su gobierno corporativo contempla la mantención de la propiedad estatal y que la junta de accionistas estará representada por el Ministro de Hacienda. Y no tenemos ningún indicio de que el criterio del ministro cambie con respecto a lo que ha sido históricamente.
Un examen de la legislación sobre Codelco nos permite concluir que los negocios en países vecinos son posibles en las actuales circunstancias porque esos yacimientos no están sujetos a la Ley Reservada. En otras palabras, si Codelco compra un yacimiento en Perú o Brasil, no tendría que pagar un 10% del valor de las ventas que se generen ahí a las FF.AA. de Chile.
Por otro lado, el riesgo que le asigna el mercado a la empresa y que influye sobre la competitividad de los créditos depende de las utilidades antes de impuesto que genere la cuprífera y de otros factores, no de que la empresa esté sujeta a la Ley Reservada. Por motivos similares, los proyectos que evalúa Codelco tampoco son afectados en su rentabilidad por dicha ley.
Seguramente, la Ley Reservada sí tiene un impacto negativo sobre la imagen de Codelco como empresa competitiva y global. Resulta anacrónico que a comienzos del siglo XXI una compañía de esta naturaleza tenga aún resabios de antaño que reducen su dinamismo.
Es obvio que la presencia de representantes de las FF.AA. en su directorio es un factor ante cualquier definición institucional.
Desde la perspectiva de las FF.AA., es claro que la Ley Reservada les otorgó ventajas, fundamentalmente porque pudieron obtener créditos con bajas tasas, garantizados por los ingresos de Codelco, y también porque tuvieron la seguridad de un piso de recursos mínimos muy relevantes durante muchos años.
Es dudoso, sin embargo, que en el largo plazo les convenga a las Fuerzas Armadas mantener su financiamiento indexado a Codelco, porque el PIB chileno ha crecido sustancialmente y, por ende, se podría beneficiar de un debate sobre bases presupuestarias en el Congreso, pero, además, porque en el ciclo de bajos precios del mineral es seguro que la minera le aportará sustancialmente menos que en estos años.
En definitiva, el problema de fondo de Codelco en cuanto al destino de sus excedentes no es que les dé el 10% de sus ventas a las FF.AA., sino qué proporción de sus utilidades le dejarán capitalizar. Que el dueño use sus dividendos para los militares o que los deposite al 6% en el extranjero le es indiferente desde la perspectiva del valor de la compañía. Si un dueño cree en su empresa, invierte en ella.
Desgraciadamente, no ha sido el caso para Codelco.
Fuente / La Tercera