(El Mercurio) Un impuesto a las emisiones de carbono (CO2) que busca mejorar los procesos productivos y una política pública integral de tratamiento de los combustibles que compense los impactos medioambientales gravando a todos los usuarios sin exclusión, es parte de la propuesta que presentará hoy la bancada de diputados DC que preside Carolina Goic y de la que forma parte Patricio Vallespín, de la Comisión de Recursos Naturales.
Los parlamentarios consideran insuficientes las medidas contempladas en la propuesta de reforma tributaria del Gobierno en torno a los llamados «impuestos verdes».
También sostienen que mecanismos como la modificación del Sipco (Sistema de Protección al Contribuyente del Impuesto Específico a los Combustibles) favorecerá a los propietarios de mayores ingresos que adquieren vehículos de gran tamaño que usan combustible más contaminantes. Lo anterior, en un contexto en que el parque nacional de vehículos ha crecido 40% en seis años y 60% en la Región Metropolitana.
Al respecto, proponen que los automóviles paguen un impuesto entre 5% y 25% del valor del vehículo en función del consumo de combustible, o bien que al momento de comprar un vehículo se pague un impuesto progresivo si las emisiones de CO {-2} superan un tope y un incentivo si las emisiones son inferiores.
Por ejemplo, en Francia pagan un impuesto adicional por emisiones sobre 160 gramos de CO {-2} por kilómetro y pagan menos cuando emiten menos de 140 gramos.
El impuesto específico que proponen por tipo de combustibles establece para el diésel, kerosene de aviación 1,4 UTM por metro cúbico; gasolinas 2,4 UTM por m {+3} (incluye 1 UTM por m {+3} por congestión); gas 1,22 UTM por m {+3} y carbón 1,15 UTM por tonelada.
En opinión de los parlamentarios, la baja contribución de Chile a las emisiones de CO {-2} (menores al 0,3%, a nivel mundial), no es argumento sostenible para no adoptar un impuesto a las emisiones de este tipo, ya que la tendencia de las negociaciones internacionales apunta a que todos los países asuman reducciones vinculantes antes de 2020.
Fuente / El Mercurio