La Asociación Indígena de Regantes y Agricultores de Lay Lay interpuso una acción judicial contra la decisión del Comité de Ministros que rechazó su reclamación administrativa respecto de la resolución que calificó favorablemente el proyecto “Desarrollo Futuro DMH”, de la División Ministro Hales de Codelco.
En lo central, en su alegación afirman que las observaciones ciudadanas no fueron debidamente consideradas por la autoridad al momento de aprobar el proyecto. Además, plantean la existencia de vicios tanto en la formación como en la legalidad de la decisión del Comité de Ministros, incluyendo la convocatoria, el quórum, la votación y la formación del Acuerdo N° 24/2026, que sirvió de base para la dictación de la resolución reclamada.
Cuestionan la integración del biministro de Economía y de Minería, Daniel Mas Valdés, quien participó en la decisión y, según afirman los reclamantes, tuvo participación en Codelco. Cuestionan, además, declaraciones públicas realizadas antes y después de la decisión.
Según la reclamación, el acuerdo estaba definido con anterioridad a la sesión, sin que exista un registro que fundamente esta situación. A esto, suman la supuesta omisión de seis planteamientos presentados en el recurso administrativo, que dicen relación con la validación municipal de una medida de abatimiento; la participación en beneficios del Convenio N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); la reportabilidad de compromisos; la temporalidad del caso basal y la suma de sus impactos; los pronunciamientos de organismos sectoriales; y condicionamientos respecto del tranque Talabre.
Se cuestiona en la acción el impacto que tendría la ejecución del proyecto sobre la calidad del aire y la salud de la población, considerando su condición de zona saturada por MP10, la ausencia de un plan de descontaminación vigente y la falta de medidas para abordar estos impactos.
En relación con los recursos hídricos, se discute el impacto en el acuífero Calama-Yalquincha y el tranque Talabre. Mientras que, en materia indígena, se alega la caracterización que se realizó de los grupos humanos y la evaluación de los impactos sobre la asociación que hoy reclama.
Asimismo, se acusa la omisión de aspectos esenciales de la cosmovisión indígena y la debida consideración de los impactos significativos sobre la salud y los recursos hídricos de la comunidad.
Finalmente, la reclamante pide al Tribunal que deje sin efecto la aprobación ambiental del proyecto “Desarrollo Futuro DMH”. Su solicitud principal es que se anule la RCA y se declare que el proyecto debió ser rechazado, porque su evaluación ambiental no habría considerado medidas adecuadas para hacerse cargo de sus impactos. Como alternativa, solicita que se anule la decisión del Comité de Ministros y se le ordene resolver nuevamente la reclamación administrativa, cumpliendo las reglas sobre quórum, imparcialidad, votación y fundamentación, y pronunciándose sobre todos los temas planteados. En subsidio, pide retrotraer la evaluación ambiental para corregir las deficiencias que determine el Tribunal, entre ellas la actualización de la línea de base, una mejor evaluación de los impactos, la revisión de las medidas propuestas y la realización de una nueva participación ciudadana y, cuando corresponda, consulta indígena. También solicita que se condene en costas a la parte reclamada.
La causa fue admitida a trámite por el Primer Tribunal Ambiental, y se ordenó informar al Comité de Ministros sobre los fundamentos de su decisión, junto con remitir los antecedentes del procedimiento administrativo.
Medida cautelar
La reclamante solicitó como medida cautelar la suspensión de los efectos de la RCA que aprobó el proyecto “Desarrollo Futuro DMH”, de la resolución de la Dirección Ejecutiva del SEA que rechazó su reclamación administrativa y del Acuerdo N° 24/2026 del Comité de Ministros. En subsidio, pidió suspender sólo los efectos de estos actos que habilitan la ejecución y operación del nuevo proyecto, manteniendo vigentes sus condiciones, medidas y compromisos ambientales..
La solicitud se funda principalmente en el riesgo que, según la reclamante, representa la continuidad operacional para la salud de la población de Calama debido a las emisiones atmosféricas.
El Tribunal resolvió rechazar de plano las medidas cautelares solicitadas, debido a que no se presentaron antecedentes que constituyan una presunción grave de los hechos que se denuncia, como tampoco respecto de la existencia de una situación de riesgo o peligro de perjuicio irreparable.
Proyecto
El proyecto tiene como finalidad continuar con la explotación de la División Ministro Hales, extendiendo su operación por 30 años, alcanzado una producción de concentrado de cobre de 830.000 toneladas al año. La iniciativa contempla una inversión de 2.800 millones de dólares.
Revise la Causa Rol R-190-2026.