(Congreso)Por 83 votos, la Cámara aprobó el informe de la Comisión Investigadora de la extracción ilegal de aguas y áridos en el país. La instancia parlamentaria fue creada el 11 de mayo de 2011 para analizar “la extracción ilegal de aguas en los ríos de Chile y la extracción indiscriminada de áridos en los lechos de los ríos, lo que afecta la conducción de agua de riego y la baja inversión en el presupuesto de la nación destinada a la infraestructura de riego, especialmente en las zonas tradicionalmente afectadas por la sequía”.
La comisión fue presidida por la diputada Adriana Muñoz (PPD), e integrada además por los diputados René Alinco (Ind), Fuad Chahín (DC), Issa Kort (UDI), Luis Lemus (PS), Fernando Meza (PRSD), Andrea Molina (UDI), Leopoldo Pérez (RN), Gaspar Rivas (RN), Joaquín Tuma (PPD), Ignacio Urrutia (UDI), Gastón Von Mühlenbrock (UDI) y Matías Walker (DC).
En sus consideraciones generales, el informe señala que los testimonios y antecedentes recogidos por la Comisión confirman la aguda situación de sequía y escasez hídrica que se advierte en la zona norte y central del país, que se refleja en la carencia significativa de agua para el consumo, riego y otras actividades productivas.
Agrega el texto que, más allá de los efectos del cambio climático, la escasez de agua en nuestro país tiene su origen en que históricamente se han entregado derechos de aprovechamiento de agua en forma excesiva, más allá de las necesidades y en algunos casos con fines especulativos, sin entregar al Estado atribuciones suficientes para fiscalizar y sancionar abusos.
En materia de conclusiones, el informe manifiesta inquietud por la magnitud y significación de los casos de extracciones ilegales de aguas conocidos en el seno de la Comisión y plantea la necesidad de realizar modificaciones constitucionales y legales que permitan una mejor gestión de los recursos hídricos para asegurar el abastecimiento presente y futuro de la población.
En ese marco, solicita consagrar a nivel constitucional el agua como bien de uso público, entregar facultades al Estado para limitar la entrega de nuevos derechos de aprovechamiento de aguas en zonas de escasez hídrica y cuencas agotadas y llevar adelante una profunda revisión de la actual institucionalidad en este ámbito.
Más específicamente, se propone analizar la creación de una subsecretaría de recursos hídricos, que concentre la planificación y ejecución de políticas, y de una Superintendencia con facultades y recursos para fiscalizar.
El informe fue remitido además al Presidente de la República, a los Ministros de Agricultura y de Obras Públicas y al Contralor General de la República.
Fuente /Congreso