(La Tercera / Pulso) Luego de siete años desde que partió, un nuevo hito se registró el viernes en la arista penal del denominado caso Cascada. Tras seis meses del nuevo juicio, el Cuarto Tribunal Oral en lo Penal dictó veredicto sobre Aldo Motta, declarándolo inocente de los siete casos de delitos a la Ley de Mercado de Valores por los que era acusado por el Ministerio Público.
Esto ocurre luego de que, en abril pasado, la Corte Suprema anuló el primer juicio oral realizado contra Motta, exgerente general de las sociedades que componen la cascada por medio de la que Julio Ponce es el mayor accionista de SQM. De hecho, a principios de este año Motta, el único formalizado en este caso, había sido condenado a cuatro años de libertad vigilada por los delitos de manipulación bursátil y abuso de posición dominante, debido a una serie de operaciones financieras por las cuales ya había sido sancionado por el regulador.
El fallo absolutorio será dado a conocer durante febrero, donde se detallarán los argumentos que tuvieron los jueces para tomar la decisión.
“La absolución es completa para los siete casos y es unánime en cinco de los siete casos. Esto significa que un tribunal de la República ha confirmado la inocencia de Alto Motta, probándose lo que él siempre dijo: que no incurrió en ningún delito”, afirmó el abogado Gabriel Zaliaznik, miembro de la defensa de Motta.
Añadió que “ha sido un trabajo de muchísimo tiempo, donde en juicios muy largos los jueces han llegado a la convicción de que no hay delito. Es bueno para los ciudadanos saber que en Chile hay tribunales independientes que no hacen distingo, que no hay justicia de clase, que no se dejan influenciar por si los casos son más o menos populares, más o menos mediáticos”.
Los querellantes en esta causa son Moneda Asset Management, AFP Habitat y el accionista Roberto Lobos.
En ese contexto, Mauricio Daza, abogado que representa a Lobos, afirmó que “el voto de mayoría es impresentable, al sostener que por el solo hecho de que un conjunto de operaciones pase por bolsa y cumpla con ciertos requisitos formales, deben ser consideradas lícitas y verdaderas, en todo evento. Esto implicaría instalar la ley de la selva en el mercado de valores chileno, donde se podrían realizar con facilidad toda clase de operaciones artificiosas de forma impune, incluso a partir de un esquema, como ocurrió en el caso cascadas, según lo estableció la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) en su momento”.
Daza agregó que “esto atenta en contra de las bases mismas de un mercado mínimamente transparente, bajo los parámetros generalmente aceptados en mercados serios, por lo que vamos a seguir hasta el final”.
La única opción que tienen los querellantes y la Fiscalía para intentar revertir este veredicto es presentar un recurso de nulidad ante la Corte Suprema, para que deje sin efecto el proceso y, en su lugar, ordene hacer un tercer juicio final.
Ni la fiscal que encabeza el caso, Ximena Chong, ni los otros querellantes quisieron dar declaraciones.
Se debilita la estrategia
La absolución de Motta debilita la estrategia de la Fiscalía para ir por el resto de los involucrados en el caso, particularmente Julio Ponce, quien ha sido sindicado por el regulador como el artífice del cuestionado esquema, comentan abogados ligados a la causa.
Lo anterior, pues en uno de los siete casos por los que el Ministerio Público acusaba a Motta, había uno en el que se establecía que las acciones que ejecutó fueron en directo beneficio de Ponce y en desmedro de los accionistas minoritarios. En ese sentido, se ha planteado que Ponce habría sido quien ideó el esquema y Motta quien lo ejecutó.
Zaliaznik coincide con esta visión, ya que, a su juicio, “uno pensaría que se debilita la arista penal del caso, si los tribunales establecieron que no hay delitos. Técnicamente, lo que queda del caso Cascada es que el Ministerio Público separó a Motta del resto para usarlo como canario en la mina, es decir, para probar si le iba bien con él y después ir por los otros”.
Agregó que “si los tribunales le dicen a la Fiscalía que no hay delito, uno debería pensar que si el principio de objetividad se aplica, yo creo que el Ministerio Público debiera entender que el caso Cascada existe como un caso administrativo, de reclamaciones de multas y de otras implicaciones, pero no es un caso penal. El problema fue intentar darle una connotación penal a algo que es de carácter administrativo”.
En la arista administrativa, Motta fue multado con 600.000 UF (US$22,6 millones), pero posteriormente el Tribunal Constitucional estableció que ésta no debía superar las 15.000 UF (US$564.000).