(Pulso) A toda marcha sigue avanzando el fiscal Andrés Montes en la arista penal del denominado caso Cascadas. Hasta mayo la fiscalía tiene contemplado la toma de declaraciones de los ejecutivos involucrados y por lo mismo bajo total hermetismo el persecutor ha continuado con los interrogatorios.
PULSO tuvo acceso a las declaraciones que entre febrero y marzo han realizado al Ministerio Público el ex superintendente de valores y seguros, Fernando Coloma; el presidente de la Bolsa Electrónica de Comercio, Fernando Cañas; el director y asesor de empresas, Luis Hernan Paul; y el ex gerente general de Potasios, Patricio Contesse Fica.
Desde agosto a la fecha la investigación está en manos del fiscal Montes. Esto luego de las críticas de parte de los querellantes (Moneda y AFP Habitat) en contra del ex jefe de la Fiscalía de Delitos de Alta Complejidad, José Morales por una supuesta lentitud en las diligencias.
Por lo mismo el fiscal Andrés Montes ha recogido cada una de las diligencias que solicitaran los querellantes y defensas de los ejecutivos involucrados.
De hecho en los documentos se detallan consultas que consignaran los abogados de AFP Habitat y el representante de Roberto Guzmán Lyon, Gabriel Zaliasnik.
Fuentes conocedoras del proceso sostienen que durante los meses de febrero y marzo, el fiscal Montes los ha dedicado a efectuar interrogatorios.
Bajo total hermetismo ha seguido avanzando el persecutor, y aún le restan diversas diligencias pendientes, entre ellas la toma de la declaración de Leonidas Vial, y Julio y Eugenio Ponce Lerou.
Pero el trabajo del Ministerio Público corre contra el tiempo. A fines de mayo expira el plazo de la fiscalía en la investigación contra Aldo Motta. Esto debido a la denominada arista Linzor.
Las operaciones que se le cuestionan son las mismas por las que la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) cursó multas a varios ejecutivos en 2014 por un total de US$ 164 millones. Los dardos del persecutor apuntarían a operaciones que pudieran tener como esquema la compra de acciones de SQM-A o SQM-B por parte de Pampa Calichera, las que luego se vendían a terceros y, volvían a ser compradas por Pampa Calichera. Así, la sociedad perdía dinero en el papel, pero presentaba ganancias contables.
La más importante de las operaciones es la conocida como “Linzor”, ya que se trata de movimientos bursátiles que, según la Fiscalía, generaron una utilidad ficticia de US$ 251 millones para Pampa Calichera.