El presidente ejecutivo de Southern Copper, Oscar González Rocha, declaró que podrían ampliar la pausa de 60 días dictada para el desarrollo del proyecto Tía María con el objeto de que la población aclare sus dudas respecto a la explotación de cobre prevista en la provincia peruana de Islay.
[Gobierno peruano descarta tercer EIA para proyecto Tía María]
El rechazo de organizaciones sociales al proyecto Tía María generó un paro de más de 60 días en Islay y violentos disturbios que dejaron cuatro muertos y alrededor de 200 heridos, lo que forzó al gobierno a decretar en mayo el estado de emergencia en esa provincia de la región Arequipa.
En declaraciones a RPP Noticias, González respondió que «si fuera necesario, lo haríamos», al ser consultado si la pausa sería suficiente para informar a la población del proyecto y si fuera posible una extensión de ese plazo, que concluye en julio próximo, según consigna la nota publicada por el portal Yahoo.
El directivo de Southern, una filial del Grupo México, informó que la empresa está por empezar un plan de comunicaciones, a nivel de la provincia Islay y las zonas que están cercanas a Tía María, «para que las personas conozcan más el proyecto, para que se pueda realizar esta mesa de diálogo y así tener una comunicación directa y aclarar todas las dudas que se tengan».
Tía María producirá 120.000 toneladas anuales de cátodos de cobre, los cuales se obtendrán mediante el proceso de lixiviación y empleará agua de mar desalinizada.
González recordó haber hablado del proyecto con la ministra de Energía y Minas, Rosa María Ortiz, a quien «le hice saber que la empresa no estaba retirándose de Arequipa, ni estaba dejando suspendido el proyecto Tía María», tal como afirmó un exejecutivo de la empresa en marzo pasado ante el fracaso de las mesas de diálogo con la población.
El representante de la minera informó haber ofrecido «un fondo de 10 millones de soles (unos US$3 millones), a través de una caja municipal, para apoyar a los agricultores para que resuelvan el problema de sus créditos y reactiven su actividad agrícola».
Igualmente, González agregó que su empresa ha pagado a los maestros en Islay para que dicten clases adicionales a los escolares de esa provincia, que resultaron afectados por el paro indefinido precisamente en el inicio del año escolar en esa región.
El presidente ejecutivo lamentó que personas pagadas y ajenas a la zona han hecho que «el último paro sea uno más político y no contra la contaminación».
González indicó que han propuesto a las autoridades locales un monitoreo en el que la población participe durante la construcción y operación del proyecto minero.
En la nota se señala que las protestas contra Tía María empezaron en 2011 cuando el Estudio de Impacto Ambiental recibió 138 observaciones y se desataron unas violentas protestas que se saldaron entonces con tres muertos.
La compañía trabajó posteriormente en resolver las observaciones y el año pasado recibió el visto bueno del gobierno para seguir adelante con el proyecto minero.
Southern Copper estima que la inversión total para el desarrollo del proyecto ascenderá a US$1.400 millones.