(Diario Financiero) Un nuevo traspié sufrió el directorio de SQM ayer, después que la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) anunciara la formulación de cargos en contra de la actual mesa, por eventuales infracciones en la calificación de información esencial de la compañía y su difusión al mercado.
Esto -explican en la industria- por la demora que hubo por parte del directorio que preside Julio Ponce de comunicar al mercado la dimensión económica de los pagos realizados por la minera y que no contaban con respaldo suficiente, los que sumaban cerca de US$ 11 millones entre 2009 y 2014.
Según se informó hace unos días, el 20 de marzo, la compañía identificó ante el Servicio de Impuestos Internos (SII) el monto aludido. Sin embargo, esta información recién se conoció el martes 24 de marzo, cuando se filtró a través de notas de prensa y fue precisada al día siguiente por el nuevo gerente general de la compañía, Patricio de Solminihac, en un conference call con inversionistas.
Así, entre el 20 y el 25 de marzo, la acción de SQM varió 0,97%, pero entre que se confirmó la noticia, el día 25, y el 31 de marzo, disminuyó 6,23%.
La SVS explicó que esta formulación de cargos se enmarca dentro de la investigación y recopilación de antecedentes relacionados con pagos que no tendrían respaldo necesarios para ser considerados como gastos para la generación de la renta, algo que además tiene una arista en la Fiscalía Nacional a raíz del caso Penta.
Infracciones
Además de Ponce, los cargos fueron formulados contra Hernán Büchi, Juan Antonio Guzmán, Wolf von Appen y Patricio Contesse Fica, hijo del ex gerente general de la compañía, quien justamente fue desvinculado por no tener el respaldo de estos pagos. En tanto, a los tres ex directores representantes de la candiense Potash -Wayne Brownlee, Alejandro Montero y José María Eyzaguirre-, no se les formularon cargos.
«La eventual conducta de los directores de SQM sería reprochable en virtud de lo establecido en la letra A. del numeral 2.2. de la Sección II de la NCG N°30 y en los artículos 9° y 10° de la Ley 18.045, que disponen la obligación de proporcionar al mercado, de manera oportuna, veraz y fidedigna, y por la vía dispuesta al efecto, toda información que se considera importante para las decisiones de inversión», informó el organismo fiscalizador.
A esto se suma la eventual infracción a los artículos 42 y 46 de la Ley de Sociedades Anónimas, porque «los directores de una sociedad anónima no pueden ocultar ni omitir información esencial a los accionistas».
Aunque este procedimiento tiene carácter de reservado y se hacen públicos sólo cuando se aplica una sanción, atendida la fe pública y el interés de inversionistas, la SVS consideró pertinente informar al mercado y público en general esta formulación de cargos, que se derivan de la investigación que ha estado realizando el organismo.
Una vez que los directores sean notificados de la resolución, podrán presentar sus descargos y solicitar, si lo estiman necesario, la apertura de un período de prueba.
Una vez que el organismo tenga todos los antecedentes, se podría aplicar una sanción administrativa o absolver a las personas en la medida que se acredite la falta de responsabilidad.
Nueva administración de SQM y Fiscalía acuerdan más entregas de antecedentes
Con el compromiso de entregar más antecedentes a la investigación, terminó la reunión que sostuvieron ayer el gerente general de SQM, Patricio de Solminihac; el vicepresidente de Finanzas y Desarrollo de la minera, Ricardo Ramos; y los fiscales Emiliano Arias y Pablo Norambuena, en el marco de la investigación de aportes irregulares de la firma a políticos.
Según trascendió, pese a que ambos ejecutivos estaban citados para prestar declaración, finalmente el encuentro sirvió como reunión de coordinación, lo que derivó en que la próxima semana se producirá una declaración más completa y la entrega de antecedentes, según trascendió.
El abogado de los imputados, Carlos Cortés dijo que «dimos un declaración ahora y vamos a complementar la próxima semana. Estamos coordinados con la fiscalía para seguir colaborando con la investigación».
Consultado sobre el destino de los US$ 11 millones pagados y de los que no hay respaldo, agregó que «eso está aclarado perfectamente en la fiscalía».
Más tarde, el ex CEO e imputado en esta investigación, Patricio Contesse, llegó hasta la Fiscalía Nacional, pero por segunda vez utilizó su derecho a guardar silencio, como ya lo había hecho el 9 de febrero.
Pocos minutos después, el ex director de la minera en representación de Potash, José María Eyzaguirre, llegó para prestar su declaración en calidad de testigo, la que se extendió por poco más de cuatro horas. El ex miembro del directorio, que renunció a la mesa por diferencias sobre cómo se enfrentó la investigación, estuvo acompañado del abogado Cristián Muga.