(La Tercera) Los cimientos de SQM han estado a punto de resquebrajarse. Los fuertes cuestionamientos generados por la investigación del Ministerio Público por presunto financiamiento ilegal de campañas políticas no han hecho otra cosa que revivir el fantasma de una nueva guerra por el control de la firma, ligada a su presidente, Julio Ponce.
Dentro de la compañía consideran que la decisión de la canadiense Potash Corp. of Saskatchewan Inc (PCS), que controla el 32% de la firma, de sostener, primero, que no estaban dadas las condiciones para “una investigación apropiada” y de sacar a sus tres directores, Alejandro Montero, Wayne R. Brownlee y José María Eyzaguirre, esta semana, fue una operación hostil en toda regla. Esto, en todo caso, Ponce y su equipo directivo lo esperaban: cuando el 18 de febrero pasado el Ministerio Púbico decidió investigar por separado la llamada arista Soquimich, el presidente de la minera comenzó a prepararse para un huracán capaz de romper en mil pedazos el frágil equilibro que desde hace algunos años había imperado en la empresa. Algo que ni siquiera el caso cascadas había conseguido.
Fuentes cercanas al proceso comentan que ha sido el mismo Julio Ponce quien ha liderado la “defensa”. No es la primera vez que el ingeniero agrónomo se enfrenta a una guerra por el control de lo que, según sus cercanos, es lo más importante de su vida: entre 1989 y 2005 la firma registró a lo menos seis intentos hostiles de conquista.
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De acuerdo con los mismos ejecutivos, habría sido idea de Ponce encargar al abogado Gabriel Zaliasnik un informe en derecho sobre la conveniencia de entregar o no la información contable de la compañía al Ministerio Público. La recomendación de no hacerlo terminó siendo un verdadero triunfo para su postura, ya que el profesional también sostuvo la premisa de que la firma no tendría nada que ocultar ante la justicia y que lo que realmente estaría enfrentando es un “abuso” por parte de los fiscales, dijeron fuentes del directorio de SQM. Los directores ligados a PCS pidieron la opinión legal al estudio de Luis Ortiz Quiroga, quien planteó que sí se debían entregar todos los antecedentes requeridos.
Según el análisis de Ponce, la contabilidad de la compañía sólo arrojaría que se cometieron infracciones electorales al apoyar económicamente a algunos candidatos, como lo demostraría la información entregada al Servicio de Impuestos Internos (SII) esta semana.
Que no hubo cohecho o delitos tributarios, ni mucho menos apropiación indebida. La firma conoció estas imputaciones, el miércoles pasado, cuando el fiscal nacional, Sabas Chahuán, dio un plazo de 48 horas al SII para que le entregara los antecedentes que posee sobre Soquimich y las boletas para campañas electorales.
Por eso es que hasta la fecha la estrategia legal de Ponce ha sido diametralmente opuesta a la seguida por Penta, grupo que se basó en colaborar a cambio de un acuerdo con el Ministerio Público, que finalmente no se cumplió. La presidencia de SQM está dispuesta a sostener una batalla legal larga y sin posibilidad de acuerdos, ya que, según sus propios análisis, no tienen nada que esconder, y si lo hubiera, ya está prescrito.
Zaliasnik es un viejo conocido de Ponce, que en el caso cascadas representa a su amigo Roberto Guzmán Lyon.
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El despido de Contesse
Dentro de la misma línea de defensa, dicen las fuentes, se enmarcaría el término del contrato de Patricio Contesse como gerente general de la firma. El histórico ejecutivo, que estuvo 25 años en la compañía, ha intentado tres veces bloquear cualquier intento de la Fiscalía de Delitos de Alta Complejidad para seguir indagando en la empresa. Primero, ante el Octavo Juzgado de Garantía, y luego, con mayor éxito ante el Tribunal Constitucional, cuya decisión final se conocerá este miércoles 25.
Aunque cercanos al ejecutivo sostienen que su mayor preocupación es preparar su defensa ante posibles acusaciones, lo cierto es que Contesse no se ha desligado del caso. Ni mucho menos de SQM. Si bien está fuera de la compañía, no se ha alejado de Ponce, por lo que todos sus pasos y los de su abogado, Samuel Donoso, son conocidos por el empresario y su entorno. Las fuentes descartan que haya una “coordinación” entre ambas partes, pero algunos abogados reconocen que el contacto es fluido.
En ese sentido, hay quienes aseguran que el “despido” de Contesse fue un “gol” de Ponce. Que su salida se presentó como un triunfo de PCS, que lo consideraba un hombre demasiado cuadrado con las posturas del empresario chileno, pero que, en el fondo, el objetivo era sacarlo del día a día para que pudiera concentrarse en la defensa de la firma.
Llamado desde Canadá
En esta misma lógica de guerra se enmarcaría la renuncia de los tres directores nombrados por PCS. Según las fuentes, Ponce vio en su salida una maniobra para dejar la sensación de que la empresa está inmersa en una crisis ingobernable.
Sin embargo, hay abogados de la plaza que advierten que la compañía llegó a una situación tal que lo aconsejable legalmente era que ellos renunciaran, ya que estos directores podrían ser cuestionados en Estados Unidos por no haber hecho lo suficiente para evitar que la sangre llegue al río.
Brownlee, Eyzaguirre y Montero dimitieron a última hora del martes 17 al directorio de la minera no metálica. Al día siguiente se comentó en el mercado que la salida de los ejecutivos fue solicitada telefónicamente desde Canadá, debido a que el directorio de PCS en ese país habría llegado a la convicción de que esa era la única salida para evitar mayores perjuicios. En todo caso, abogados conocedores de la legislación estadounidense añaden que ello era necesario para evitar exponer a estos profesionales a problemas con el regulador de ese país, la Security and Exchange Comission (SEC).
Como SQM transa ADR y bonos en el mercado estadounidense, está bajo jurisdicción de sus leyes, donde eventuales pagos irregulares a políticos o candidatos son duramente castigados bajo la Foreign Corrupt Practices Act.
El bando liderado por Julio Ponce estimó inicialmente que la ley en cuestión no sería aplicable a la firma, pero con el paso de los días se abrió a pedir más informes a expertos legales, tanto en Chile como en Estados Unidos.
Potash planteaba que había que seguir la recomendación de la firma de abogados estadounidense Shearman & Sterling, de entregar toda la información del caso a la SEC, en una especie de autodenuncia. Pero de acuerdo con expertos en casos de fraudes transnacionales, ello no implica de por sí un gran riesgo para la compañía.
Compras en Bolsa
Paralelamente a la vía legal, Ponce ha debido mover su maquinaria pesada a la Bolsa para contener la caída de las acciones de SQM, que en su serie B registraron un retroceso de más de 25%. Sólo en dos semanas el papel acumuló una baja de casi US$ 1.000 millones en su patrimonio bursátil. El viernes, eso sí, subió 4,57%, empujado por nuevas compras y el renovado entusiasmo del mercado ante una posible guerra de control, luego de que Israel Chemical, la competidora a nivel global de Soquimich, hiciera público su interés por la firma. El viernes se transaron más de US$ 25 millones en papeles de la serie B.
“Esto es grande para digerir, pero estoy seguro que podemos mirarlo”, dijo Stefan Borgas, máximo responsable ejecutivo de Israel Chemicals este viernes. El segundo mayor accionista de la firma es nada menos que la misma PCS, lo cual alentó todo tipo de rumores en la rueda, ya que durante toda esta semana Julio Ponce ha estado comprando papeles para sostener el valor de la compañía.
Debido a que varios papeles de las sociedades cascadas, que forman parte de la cadena de control de SQM, están prendados para garantizar los créditos de la compañía, existía el riesgo de incumplir los convenants si es que seguían cayendo. Y ahí sí que los problemas serían mayores.
Prueba de ello fue que la clasificadora de riesgos ICR bajó el rating de los bonos asociados a Pampa Calichera emitidos en el mercado estadounidense. Según sus cálculos, Pampa quedó con una holgura tan baja de acciones SQM-A libres de prenda, que si siguen cayendo la minera necesitaría entregar papeles por, al menos, unos US$ 100 millones para mantener las relaciones mínimas de cobertura estipuladas en el contrato de esa emisión de deuda.
En total, esta semana Julio Ponce compró por lo bajo unos US$ 10 millones en acciones, sobre todo de SQM-A y B. Con ello, además, consolidó su poder en la firma.
Con ese frente medianamente cubierto, la compañía transmitió durante esta semana a su personal y al mercado que aunque los cimientos han estado a punto de resquebrajarse, en el plano productivo hay normalidad.
“La compañía sigue trabajando arduamente en sus actividades propias y sus negocios continúan evolucionando de acuerdo con las expectativas del mercado”, aseguró la administración en un comunicado emitido esta semana.