(Pulso) Construir para terceros ya no parece ser un negocio tan apetecido como antes. Es más, son varias las constructoras que están advirtiendo malas cifras producto de contratos de construcción para otras empresas, o incluso para el Estado.
Quizá los casos más emblemáticos son la disputa actual entre Besalco y el grupo Plaza por la construcción de un centro comercial en Copiapó que, según indicó a inicios de año la compañía ligada a la familia Bezanilla, representa pérdidas por $6.020 millones (unos US$10 millones al tipo de cambio actual). O las complicaciones de Moller & Pérez Cotapos que, pese a su reconocida trayectoria en la construcción de recintos hospitalarios, mostró una pérdida de $4.963 millones (US$8,5 millones).
Sin embargo, esta situación se replica con frecuencia dentro de la industria.
De acuerdo con un estudio encargado por la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) a la consultora Géminis, en 2013 del total de los contratos de construcción, un 42% experimentó divergencias entre el mandante y la empresa contratada.
Sólo en ese año, un 52% de los contratos en el rubro minero generaron divergencias, lo mismo pasó con un quinto de los proyectos del área industrial, 3% en el comercio y 51% de los contratos firmados entre las constructoras y los ministerios del Estado.
¿Las razones?
Modificaciones en los proyectos por parte de la empresa que encarga la obra, retraso en la entrega de terrenos o permisos y aumento en los costos son algunas de las razones que llevan a que comiencen los roces entre ambas partes.
Generalmente, según indica la CChC, se producen variaciones del valor de la obra, que en promedio están sobre el 25% de lo establecido en el contrato, lo que muchas veces se gatilla por un alza en los costos que, por ejemplo, sólo durante el año pasado promedió un 27%.
De acuerdo con Carlos Piaggio, gerente de Infraestructura del gremio constructor, se observan variaciones en los plazos, en torno a los seis meses en promedio, que también complican la relación entre las partes y encarecen la obra.
De este modo, una multiplicidad de circunstancias llevan a que las empresas tengan que analizar la situación y decidir que pérdidas son de responsabilidad de cada una. Conversaciones que no siempre llegan a buen puerto y terminan, en algunos casos, en instancias judiciales.
“Del 42% de los contratos que presentan divergencias, un 24% no se resuelve y termina en alguna instancia judicial. No es menor porque al menos uno de cada diez contratos llega a una instancia superior”, indica Piaggio, quien agrega que esta cifra “está bastante repartida entre los contratos con el Estado y los contratos entre privados. Sin embargo, en el último tiempo ha aumentado el grado de conflictividad con el sector público”.
Por ello, la CChC está trabajando en impulsar la incorporación de mecanismo de resolución temprana de controversias en estos contratos. “La idea es que un tercero imparcial acompañe la ejecución de los contratos. Como Cámara estamos promoviendo esto y ya hay algunas instituciones que lo han instaurado, como Codelco y Metro, pero aún falta”, dice el gerente de Infraestructura del gremio.
El punto es claro. Basta considerar que el Ministerio de Obras Públicas (MOP), que mandata la mayor cantidad de las obras de infraestructura del país, no contempla este tipo de mecanismos puesto que no está en su legislación. Misma situación que -según comentan en la industria- se repite en el Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu), otro de los motores del desarrollo de obras públicas del país.
Juan Pablo Monge, gerente general inmobiliario de Desco, indica que a nivel de industria se vive mayor conflictividad con los contratos con organismo público.
“Donde hemos visto temas mayores fue con los organismos públicos. Tras casos como Kodama, o incluso el mismo MOP-Gate, los funcionarios públicos tienen temor de aprobar un alza en el valor de las obras aunque se justifique. Si uno no llega a la Contraloría, no pagan la obra. Esto ha llevado a muchas empresas a dejar de participar en obras públicas”, puntualiza el ejecutivo.
Un ejemplo de ello es la construcción del Estadio de Quillota, donde Desco se hizo cargo de la ampliación de graderías del sector oriente y la construcción del segundo piso del edificio de administración, que hoy lo tiene enfrentado al Serviu.
Según Monge, las grandes firmas se han alejado de los contratos con el Estado producto de este tipo de conflictos. Más aún cuando se trata de licitaciones donde el traspasar este riesgo a precio lo hace menos competitivos que otras compañías.
Mañana, la CChC en el marco de la Semana Inmobiliaria 2014, realizará un seminario que contará con la presentación de Magali Rojas, presidenta ejecutiva del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE) de Perú, institución que potencia el uso de mecanismo de resolución de controversias en contratos entre privados y el Estado.
“Han existido varios problemas en el arbitraje y conciliación durante los pasados 15 años. La conciliación casi no ha funcionado básicamente por el temor de los funcionarios a ser posteriormente fiscalizados por los acuerdos conciliatorios celebrados. El arbitraje, en cambio, en muchos casos se ha desarrollado bajo excelentes estándares de tecnicismo y celeridad, pero en otros aún se han encontrado muchos problemas”, indica Rojas, quien comenta que la nueva Ley de Contrataciones del Estado (LCE) de Perú ha creado un sistema de acreditación para instituciones arbitrales que administran arbitrajes en materia de contratación estatal, con lo cual se establecieron criterios de idoneidad técnica y moral.