(El Mercurio) La crema y nata del sector financiero criollo estaba en Londres, pues era el «Chile Day» en la bolsa británica. Ahí el ministro de Hacienda, Felipe Larraín; el superintendente de Valores y Seguros (SVS), Fernando Coloma, y gran parte de los presidentes y gerentes de las AFP, de compañías financieras y varios inversionistas institucionales, promovían las bondades del mercado de capitales chilenos. Y estalló.
A diez mil kilómetros al suroeste, la bomba detonó. La SVS formuló cargos al empresario Julio Ponce Lerou, presidente de SQM y de las sociedades «aguas arriba» de esta compañía -conocidas también como cascadas-, Pampa Calichera, Oro Blanco y Norte Grande. La acusación también se dirigió contra tres de sus colaboradores más cercanos, Aldo Motta Camp, Roberto Guzmán Lyon y Patricio Contesse Fica.
La entidad de Valores acusó a Ponce de ser el «ideólogo y promotor» de un «esquema» para hacer transacciones fuera del precio de mercado, con el cual las sociedades vinculadas a él y relacionados tenían ganancias a costa de perjudicar a los accionistas minoritarios.
La controversia estaba servida. Su principal protagonista, Julio Ponce, se hizo conocido desde que en el gobierno militar timoneó la Corfo -cuando esta corporación administraba gran parte de las empresas del Estado, desde eléctricas a azucareras-; luego dirigió Conaf y tras su salida por acusaciones de enriquecimiento ilícito, entró a la propiedad de Soquimich en el «capitalismo popular». El empresario fue yerno de Augusto Pinochet.
Este perfil avivó el caso, que fue escalando en notoriedad cuando la defensa de Julio Ponce arguyó que «todo el mercado» hacía lo mismo, y lanzó los dardos hacia el Presidente Piñera, cuyas sociedades Bancard, Axxion y Santa Cecilia efectivamente invirtieron en el pasado -previo a que fuera Mandatario- en las llamadas cascadas.
Como los inversionistas institucionales, como las AFP, tenían y aún tienen acciones en esas sociedades, el asunto se hizo masivo y la propia Superintendencia de Pensiones y los equipos legales de cada administradora empezaron a pedir información y ver qué hacer.
A esto se agregó el actuar de otro actor: la administradora de activos, Moneda Asset, capitaneada por Pablo Echeverría, la que presentó antecedentes ante la SVS, acusando a Julio Ponce de operaciones irregulares en el mercado. Entre Moneda y Ponce vinieron también acusaciones cruzadas: el empresario acusó que el único interés de Moneda era quedarse con el control de SQM, algo que esta administradora de fondos ha negado.
¿Cuál es el origen de esta pelea a diversas bandas?
La historia del caso Cascadas se resume así: tras un año y medio de investigación, la SVS formuló -en septiembre- cargos a Julio Ponce; al gerente general de Norte Grande, Oro Blanco y Pampa Calichera Aldo Motta; al también director de estas empresas Patricio Contesse Fica; y al asesor legal Roberto Guzmán Lyon. Acusó la existencia de un «esquema» en que hicieron transacciones que supusieron una expropiación para los accionistas minoritarios de Norte Grande, Oro Blanco y Pampa Calichera. Ganaban Ponce, Roberto Guzmán, con la colaboración del abogado Contesse Fica y el gerente Aldo Motta.
La entidad de Valores describe que Ponce y la administración de las cascadas, Motta y Contesse, armaron compraventas de paquetes accionarios que adquirían tres tipos de sociedades: «relacionadas» a Ponce como Inversiones del Sur y HOCA; «vinculadas», de su colaborador Roberto Guzmán (Jaipur, Silvestre y Del Parque) y firmas «instrumentales» de Leonidas Vial y Alberto Leblanc. El primero es socio de la corredora LarrainVial y el segundo, de Transcorp. Estos dos últimos no han sido formulados por el regulador.
Pero la defensa de Julio Ponce, con Raimundo Labarca en lo civil y Jorge Bofill en lo penal, tiene una visión diametralmente opuesta. Arguye que este supuesto «esquema» es una invención de la SVS. Que todos los actores del mercado hacen lo mismo y que si se le acusa al presidente de SQM también deberían sancionar a las AFP, Moneda y hasta al Presidente Piñera. Este argumento se repite en el caso de Motta, Contesse y Guzmán y se suma a otros, como que los minoritarios no se vieron afectados. Sostiene que el precio de mercado que ve la SVS es «una aberración desde el punto de vista económico».
A modo de ejemplo, los abogados del presidente de SQM hacen ver que una sociedad en que Pablo Echeverría, el presidente de Moneda, es socio (Puerto Aventura), hizo operaciones swap (intercambio de acciones) de Calichera por Oro Blanco. La defensa de Ponce dice que Echeverría se habría beneficiado de la misma forma que otros lo hicieron al vender caro y comprar barato.
Los inversionistas institucionales cuentan que empezaron a darse cuenta de que algo no iba bien recién a mediados de 2012. Algunos dejaron de invertir en las cascadas. Otros denunciaron operaciones de «triangulación» a la SVS, como Moneda y las AFP.
Cuando la SVS formuló cargos, el mercado descubrió que quizás las infracciones tenían una profundidad mayor. Había más de 40 transacciones distintas y varios modus operandi diferentes, con un sustrato similar en cuanto a protagonistas y sociedades involucradas. Si los cargos suman 1.070 páginas, el expediente completo triplica esa cantidad de folios.
Este caso afecta a los accionistas de SQM, ya que las cascadas están «aguas arriba» de esta compañía. Los ejecutivos de esta empresa han reiterado que el funcionamiento de la minera no metálica no está en juego.
Pero la situación afectó también al corazón de la Bolsa. Porque León Vial es su vicepresidente y una persona de su entera confianza es el presidente, Pablo Yrarrázaval, dicen en el sector. Y, lejos de tomar medidas, pese a que la confianza en el mercado financiero estaba en juego, se quedaron en nada, se quejó el ex superintendente de Valores, Guillermo Larraín.
Seguir con la pista tributaria e internacional
El caso está lejos de terminar. Una cosa es esta formulación, que es la etapa inicial, y otra es la decisión que adopte la SVS y, por tanto, la sanción (ver nota relacionada). Y quienes resulten sancionados pueden apelar a la justicia y tribunales ordinarios.
Además, la causa que lleva la SVS es la arista administrativa del caso, pero pueden venir acciones civiles y penales. El fiscal José Morales, jefe de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad de la Fiscalía Centro Norte, ya encabeza un sendero penal, y que también tiene implicancias internacionales.
El fiscal Morales pidió hace 45 días a Jorge Bofill, el abogado penal de Julio Ponce, detalles de la constitución de sus sociedades «aguas arriba». En concreto, de Inversiones SQYA, Inversiones SQ, SQ Grand Cayman, basada en las Islas Caimán; Pacific Atlantic Trading y, finalmente, The Pacific Trust, en Islas Vírgenes.
El próximo paso de la Fiscalía sería solicitar información financiera y contable. Según trascendió, Fernando Coloma pidió estos datos a Ponce, a León Vial y a Roberto Guzmán, en el marco de su investigación. La solicitud fue enérgicamente rechazada.
Y otra arista que puede explotar en el futuro es la tributaria. «Si hay operaciones simuladas, es posible que ellas hayan generado rentas exentas ficticias», señala un abogado del caso. Aunque el Servicio de Impuestos Internos (SII) desestimó referirse al tema, distintos expertos consultados creen que ya está monitoreando las transacciones.
El controvertido Ponce
«Julio Ponce es radiactivo», comentaba hace poco un destacado empresario. «Todos los que se acercan a él quedan con secuelas de radiación», añadía. En el mercado reconocen que bajo la presidencia de Julio Ponce, SQM se convirtió en una de las empresas más grandes del mundo en el mercado de los fertilizantes. Era parte de la cartera recomendada de muchas corredoras y parte del porfolio de las AFP. Estas últimas también invirtieron en las cascadas, porque -como ocurre en el mercado- las sociedades de inversión tienen un descuento muy alto respecto del activo final, en este caso la minera no metálica.
Tras estallar la bomba de la formulación de cargos, muchos empresarios del ámbito financiero acusan que la estrategia de la defensa de Julio Ponce ha sido «socializar». O, como dijo a este diario su abogado Raimundo Labarca, «las operaciones como las que la SVS reprocha a Julio Ponce las hacen a diario todos los agentes de mercado». Un actor relevante en el sector financiero se queja que con esta táctica «ha quedado en la gente la sensación que todos hacemos lo mismo que él, que este mercado es corrupto, y no es así».
ESTE CASO AFECTÓ A LA BOLSA
Cuando la SVS dio a conocer el detalle de la formulación de cargos que hizo contra cuatro ejecutivos ligados a las «sociedades cascada» de SQM, señaló que Leonidas Vial, socio de la corredora LarrainVial, participó a través de sus sociedades Saint Thomas y Agrícola e Inversiones La Viña, en varias de las transacciones cuestionadas por el regulador, y habló de que tales entidades eran «instrumentales». Pero no le ha formulado cargos hasta la fecha.
El empresario testificó el 3 de mayo, y el representante legal de sus sociedades, Santiago Vial Echeverría, lo hizo el 22 de abril. Al ser consultado si desde 2008 alguna de estas sociedades recibió o prestó financiamiento o aportó bienes en garantía a sociedades bajo control directo o indirecto de Ponce y sociedades vinculadas, Vial dijo: «No lo recuerdo». Y agregó: «Son Manuel Bulnes y Felipe Errázuriz quienes están a cargo de la corredora. Ellos se comunican conmigo para ofrecerme negocios para Saint Thomas y La Viña. Saint Thomas es inversionista de al menos 20 sociedades».
Pero en su declaración ante la SVS, el gerente general de LarrainVial Corredores de Bolsa, Manuel Bulnes, dice que «cuando yo pensaba que un negocio podría ser de interés de Leonidas, lo llamaba a él o a Santiago Vial y les comunicaba el negocio. Ambos podían evaluar dichos negocios. Ello ocurrió en varias oportunidades».
Lo mismo señaló el ejecutivo a cargo de las inversiones de Leonidas Vial en la corredora, Felipe Errázuriz, quien detalló el 5 de abril de este año que quien instruía las órdenes de compra «por lo general era entre Santiago y Leonidas Vial, indistintamente».
Eso cayó mal a la corredora, pero también en todo el mercado, donde la confianza es clave, abriendo un debate sobre la regulación y auto regulación aplicable a este tipo de transacciones.
Es decir, bajo qué condiciones los socios de una corredora también participan de negocios que llegan a estas intermediarias y cómo garantizar que estos se desarrollen de forma transparente y ecuánime con respecto a otros clientes.
También complicó que Vial sea vicepresidente de la Bolsa de Comercio, entidad que se encuentra analizando el caso, creó un comité ad hoc para estos fines, el que hasta la fecha no ha arribado a conclusiones.
Casi US$ 800 millones de ahorros previsionales de los chilenos están en las cascadas y SQM
«Sociedades de papel». Así se refirió el ex superintendente de Valores y Seguros Guillermo Larraín, a las sociedades Cascada. Esas firmas están en la misma dirección, El Trovador 4287, piso 11, Las Condes; tienen el mismo gerente general (Aldo Motta) y el mismo presidente (Julio Ponce) y ahí están, como también en SQM, casi US$ 800 millones de ahorros previsionales de los trabajadores chilenos, según informó la Superintendencia de Pensiones.
Al 9 de octubre de este año, la inversión de las AFP en estas sociedades Cascada y en SQM alcanzaba a US$ 757,9 millones, equivalentes al 0,46% del total de los Fondos de Pensiones. El Fondo C, de mediano riesgo, es el que tiene el mayor volumen de inversiones en estos papeles: US$ 379 millones. Le siguen los fondos más riesgosos: el B, con US$ 134,2 millones, y el A, con US$ 96,7 millones.
Por administradora, la que estaba más expuesta al estallar el escándalo era Habitat con US$ 235,4 millones invertidos en ese grupo empresarial. Le seguían Provida, con US$ 207, 6 millones; Cuprum, con US$ 147 millones, y Capital, con un total de US$ 133,3 millones. Planvital poseía a octubre US$ 23,2 millones y Modelo, US$ 11,5 millones.
Dado que las AFP como accionistas minoritarios se vieron afectadas por las operaciones de Ponce y colaboradores, pidieron congelar transacciones con LarrainVial por el rol de esta corredora en el escándalo.