(Pulso) La rebaja en la clasificación de riesgos que realizó Standard & Poor’s (S&P) para Chile de AA- a A+ será un factor que estará presente en la política fiscal que deberá realizar el próximo Gobierno. Esto porque una de las recomendaciones que entregó la entidad para mantener la perspectiva estable y recuperar el terreno perdido era mantener una estrategia fiscal de convergencia a balance fiscal.
En este punto, el propio ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, señaló que el supuesto de la clasificadora para mantener la perspectiva estable contempla que se “siga una estrategia fiscal como la que estamos haciendo”. Pero en la práctica habrá que ver qué significa que el próximo período presidencial deba mantener la ruta de reducir en 0,25% por año el déficits fiscal estructural, cuánto podrá crecer el gasto público y qué programas podrá financiar.
De acuerdo al académico de la Universidad de Santiago y ex subdirector de Presupuestos, Guillermo Pattillo, si el próximo Gobierno quiere mantener esta misma trayectoria, el espacio para gasto público será reducido, ya que si quiere realizar nuevas políticas que impliquen gasto tendrá que reasignar recursos o bien eliminar programas mal evaluados y utilizar ese gasto en nuevas medidas.
De acuerdo a cálculos de Pattillo, si la nueva administración quiere seguir la reducción en 0,25% y considerando un PIB tendencial de 2,8% y un precio del cobre de US$2,57 la libra, el crecimiento promedio del gasto público entre 2018 y 2021 será de 2%. De esta manera, en 2018, la expansión fiscal sería de 3%; en 2019 bajaría a 2%, en 2021 a 1,8% para cerrar el período en 1,5% de expansión. De ser así, el déficits fiscal estructural partiría en 1,45% en 2018 para llegar a 0,7% en 2021.
Para salir de este problema fiscal, el economista señala que el foco del próximo Gobierno debe estar puesto en “el crecimiento económico, ya que este único factor podrá modificará de modo relevante la restricción presupuestaria del fisco”.
En este aspecto, Pattillo subrayó que lo primordial es buscar nuevos incentivos para que la inversión repunte, ya que se deben “maximizar los ingresos y racionalizar los gastos”.
Gastos comprometidos. En el último informe de finanzas públicas presentado en octubre de 2016, Hacienda señaló que el aumento de los gastos comprometidos para 2018 equivale a 5,5% respecto de 2017. Esto se traduce en un alza implica del orden de US$3.540 millones de gasto más el próximo año. Es decir, si en este nuevo informe de Finanzas Públicas que Hacienda deberá presentar en octubre a la Comisión Mixta Especial de Presupuestos se mantiene esta misma perspectiva, el próximo Gobierno también recibirá “holguras negativas”, es decir, más gastos que ingresos.
Comité de expertos de PIB y cobre se reúnen el jueves
Entre los nuevos nombres está el director alterno de Clapes-UC, Rodrigo Cerda, y el economista jefe de Itaú, Miguel Ricaurte.
El Ministerio de Hacienda junto al Consejo Fiscal Asesor entregaron ayer la nómina de los integrantes del Comité de expertos para el cálculo del PIB potencial y para el precio del cobre de largo plazo.
Los expertos quedaron citados para el próximo jueves 20 de julio. Ambas reuniones serán presididas por el Ministro de Hacienda y los miembros del Co nsejo Fiscal Asesor. De acuerdo a Hacienda, en esta reunión se le se entregarán todos los antecedentes sobre el proceso de consulta de este año, en cuanto a requerimientos de información, plazos y metodología de cálculo de cada parámetro estructural.
Con esos antecedentes, los expertos deberán entregar sus cálculos a fines de julio. Luego de ese paso, Hacienda deberá, en base a las estimaciones de los expertos, públicar el PIB tendencial y el precio del cobre de largo plazo.
Ambas variables son clave para la elaboración del presupuesto 2018, ya que permite estimar el crecimiento del gasto público. Entre la nómina públicada aparecieron los nombres del director alterno de Clapes-UC, Rodrigo Cerda; el economista senior de BTG Pactual, Mario Arend; el economista jefe de Itaú, Miguel Ricaurte; y el economista de la Cepal, André Hofman. Entre los nombres que permanecieron destaca, el consejero del Banco Central, Pablo García; el ex vicepresidente del Banco Central, Jorge Desormeaux; y el académico de la Universidad de Chile, Ricardo Ffrench-Davis.