(La Tercera) Por su experiencia en el rubro energético como consultora, ex secretaria ejecutiva de la CNE, miembro de la comisión que elaboró las bases de la Estrategia Nacional Energética del gobierno, directora de Colbún por las AFP (empresa dueña del 50% del proyecto HidroAysén), Vivianne Blanlot -que además integra el Consejo para la Transparencia- maneja al dedillo los temas clave del sector.
Consultada por las aprensiones que despiertan las últimas definiciones sobre la carretera eléctrica, advierte que ésta no se pensó estrictamente para resolver problemas de servidumbres: “El objetivo principal es que no haya limitaciones de transmisión ni se produzca una multiplicidad de líneas de menor voltaje en el tiempo”. Blanlot -a quien en la industria mencionan como una de las personas a las que el Presidente Piñera suele consultar en estas materias- agrega que lo que se busca es facilitar las inversiones por la vía de definir una franja sujeta a estudios previos. Llama a tener claro que el proyecto de ley sobre servidumbres y concesiones -que está en el Congreso- reduce los tiempos asociados a ese proceso y es complementario al de la carretera eléctrica, pero que ni la expropiación, ni sistemas mejorados sobre servidumbres despejan totalmente riesgos de judicialización: “Siempre se puede recurrir a la justicia y una expropiación también puede demorarse por eso. Hemos tenido más casos de proyectos que tienen que modificarse porque fracasa la expropiación que porque fracasa la servidumbre. Hoy, la mayor incertidumbre está asociada a la tramitación ambiental, a la aplicación de las normas sobre pueblos indígenas y a la posterior judicialización asociada a estos aspectos”.
Comenta que la discusión entre expropiación y servidumbre es válida, porque las opiniones están divididas: “A mi parecer, si se establece un sistema en que la franja se define con estudios de línea de base ambiental y análisis de incompatibilidad territorial previos, se reducen significativamente los conflictos; y si el proyecto sobre concesiones se aprueba pronto, sus efectos podrán probarse y evaluar si se justifica o no considerar la expropiación”.
¿Es realista hablar de carretera eléctrica para 2017?
Suponiendo que el proyecto ingresa al Congreso este tercer trimestre y es aprobado a fines de 2013, y dependiendo de cuán rápido avanza la permisología y planificación en el nuevo esquema, uno podría pensar que, en una perspectiva optimista, se podrían estar licitando obras a partir de 2015. Eso no significa que estaremos construyendo la carretera de 2030. Hay que tener un proyecto meta y habrá inversiones intermedias para llegar allá. Pero todo esto es elucubración, porque hay gran cantidad de procesos y metodologías por definir aún.
¿La carretera es un segundo troncal o un reforzamiento del actual?
Es una expansión del troncal bajo un sistema nuevo, con planificación a más largo plazo que contempla proyectos pensados para capturar economías de escala en la transmisión, que tendrán mayores holguras. Los grandes beneficios de la carretera eléctrica debieran venir de que al planificar y definir el trazado ya se han internalizado los conflictos territoriales y ambientales.
¿El modelo del troncal es aplicable a los corredores transversales ?
Entiendo que eso no está definido. En mi opinión, también se requiere una planificación de los corredores transversales de interés público. Es algo que mencionamos en el informe del Cade: identificar las áreas donde una cantidad importante de proyectos pequeños que requieren conexión con el troncal para evitar la multiplicación de las líneas pequeñas, por el impacto ambiental. Si se planifica en función del grupo de proyectos que son viables en una zona, se puede definir un proyecto de interés público que podría tener un tratamiento de facilitación en las servidumbres y eso forma parte del concepto de carretera eléctrica.
¿La tarificación 80% empresas y 20% consumidores es el óptimo?
En el modelo actual, 80% lo pagan en forma directa las generadoras que inyectan al sistema y 20% los consumidores, aunque en rigor todo lo pagan los consumidores finales, porque las generadoras traspasan el costo de transmisión a sus clientes. El punto es que al traspasar en forma indirecta el costo a los usuarios, unas empresas son más competitivas que otras, en la medida en que estén más cerca en los centros de consumo. Pero como se ha ido reduciendo la libertad de elegir dónde instalarse, deja de tener sentido que las empresas compitan por cercanía al sistema de transmisión, lo que tiene costos ambientales importantes, porque en la elección para ser más competitivos pueden estar dañando más bienes ambientales que si se instalan sin considerar ese factor. Si el criterio que se quiere utilizar a futuro es que la generación se instale donde su impacto ambiental es menor, no tiene sentido que se pague por distancia y es más transparente que los consumidores paguen directamente.
Pero el cliente siempre paga todo.
Sí, pero para unos consumidores ese 100 es más que para otros. Porque quien logra contrato con una empresa que paga menos transmisión paga menos que quien compra a la que está más lejos. En un esquema que apunta a minimizar el impacto ambiental y el conflicto con otras actividades económicas, ya no es adecuado privilegiar la localización.
¿Qué tan complejo será implementar el ordenamiento territorial?
Entre los problemas más graves que enfrentamos están la competencia con actividades alternativas y el impacto paisajístico. Por lo tanto, para destrabar el desarrollo de la generación hay que identificar las áreas con menor conflicto donde es factible instalar centrales. Si hacemos un modelo así u optamos por una transición más indicativa y menos planificada centralmente, a la larga igual llegaremos a eso, porque las dificultades que enfrenta Chile para instalar generación son graves. Y si se considera la importancia de mantener cierta simetría desde el punto de vista estratégico y económico con los vecinos, la situación es gravísima.
¿El camino es establecer zonas para el desarrollo de la generación?
Hay que establecer una zonificación, previo análisis de la conflictividad. Si no, seguiremos con proyectos de generación que tras largas tramitaciones ambientales no se les da el permiso o terminan en tribunales. En lo que se refiere a generación térmica -que requiere recursos hídricos, instalaciones de descarga de combustibles y líneas para conectarse a la carretera eléctrica-, es obvio que el óptimo es aprovechar lugares donde pueden lograrse economías de escala desde el punto de vista ambiental. Ya no hay licencia social para tener una central en cada bahía donde es factible instalar un muelle de descarga o un puerto.
¿La interconexión Sing-SIC es clave?
La interconexión hace sentido, porque si ya no podemos instalar generación sólo donde resulte más económico, es más importante tener un sistema de transporte que permita trasvasijar grandes bloques de energía a todas las zonas del país. Y como está aumentando fuerte la demanda en la Tercera Región hace más sentido la interconexión. Ahora, llegar con carretera eléctrica a la Patagonia será cierto en la medida en que consideremos a los sistemas adicionales de interés público parte de la carretera.
La generación de Aysén no se consumirá ahí y será evacuada a Puerto Montt. Por tanto, el concepto de troncal debe incorporar consumo e inyección de energía, y Aysén puede considerarse sistema adicional de interés público.
¿No sería complicado subsidiar una inversión tan resistida?
Si se considera que es de interés público no se estaría subsidiando, sino racionalizando y minimizando impactos ambientales.
¿Quién define si es de interés público?
Eso pasa por un acuerdo país de si se requieren esos recursos y de una claridad socializada sobre el impacto de no hacer HidroAysén. Soy partidaria de traer expertos internacionales, que pasen todos los test de independencia, para evaluar la matriz y hacer recomendaciones.
Fuente / La Tercera