(La Segunda) La Federación de Trabajadores del Cobre (FTC), de la minera estatal Codelco, anunció este viernes el inicio de un plan de movilizaciones que culminará con la paralización de todas las faenas en los próximos 30 días en demanda de mejoras laborales.
Lo anterior, indicó la organización sindical en una declaración pública, «por el cansancio ante la prepotencia, arrogancia e ineficiencia descarada de sus ejecutivos con los trabajadores y el país».
Esta es la determinación a la que llegó la FTC tras concluir su congreso extraordinario y que convocó a sus 22 sindicatos base.
Entre las principales razones que motivaron esta medida están las discrepancias respecto al modelo de tercerizacion que impera en las divisiones de la cuprera, así como a otros reclamos en materia de salud y de cobertura de pensiones.
En una declaración pública encabezada por Raimundo Espinoza, la FTC dijo que «Codelco, con los fracasados proyectos estructurales y con el ineficiente modelo de gestión y de relaciones laborales pone en riesgo la seguridad y competitividad de Codelco».
Además, la organización emplazó al directorio de la estatal a «revertir las decisiones e iniciativas tendentes a una privatización encubierta de los servicios».
«El paro no tiene marcha atrás», remarcó Espinoza, mientras Ariel Romero, secretario general de la FTC, dijo que hoy los dirigentes sindicales entregaron en La Moneda (sede de Gobierno) una carta dirigida al Presidente Sebastián Piñera, demandando una reforma del sistema de pensiones.
En Chile rige un sistema según el cual los fondos de pensiones de los trabajadores son administrados por empresas privadas (Administradoras de Fondos de Pensiones) en cuentas de capitalización individual de los afiliados al sistema.
Otra particularidad es que los fondos se generan con recursos aportados exclusivamente por los trabajadores, estando las empresas liberadas de contribuir a los mismos.
Romero dijo que además de pedir una reforma del sistema, la FTC presentó una demanda de indemnización de perjuicios contra la Superintendencia de Pensiones, por el incumplimiento de su deber de fiscalizar y cautelar las inversiones de los ahorros de los trabajadores que las administradoras tenían invertidos en empresas que han sufrido cuantiosas pérdidas por fraudes, estafas y otros delitos cometidos por sus ejecutivos.
Fuente / La Segunda