(Estrategia).- Escondida, Los Pelambres, Candelaria, Cerro Colorado y Doña Inés de Collahuasi, son algunas de las 17 compañías mineras que en 2005 firmaron el Decreto Ley 600, el cual establece una invariabilidad tributaria de hasta 15 años, a partir de la firma del mismo. La firma de este acuerdo establece que durante ese lapso de tiempo el royalty se mantendría inmutable. Sin embargo, el gobierno afirma que sigue estudiando esta opción, y en ese sentido analistas han señalado que dado el estado de catásfrofe que vive el país como consecuencia del terremoto del 27 de febrero, la situación ha cambiado y por ello cabría la revisión de los tributos.
La ley 2.026 establece un impuesto estatal correspondiente al 5% de sus ventas, a las empresas que reporten ventas anuales superiores a las 8.000 UTA, unos US$232 millones. El eventual problema que enfrentaría al Gobierno con las principales compañías mineras, se suscitaría si el Estado decide aumentar este porcentaje para cubrir los gastos de reconstrucción por el terremoto. Desde septiembre de 2006, al mismo mes en 2009, las arcas fiscales han recaudado más de US$2.800 millones por concepto de royalty.
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