En el documento elaborado por la Cepal se detallan los aportes obligatorios desde 2017 hasta 2043, con cifras que superan los US$ 500 millones.

La iniciativa busca promover la diversidad cultural y potenciar el rol de la mujer a través de sus quehaceres y oficios como un patrimonio de bien público que necesita ser reconocido. Además, se focalizará en las etnias Aymaras, Atacameñas y Quechuas.

El documento aborda aspectos económicos, sociales, medio ambientales y normativos mineros. En lo específico incluye “Normas sobre minería”, considerando puntualmente la Necesidad de estas normas; Normas constitucionales mínimas sobre minería; Estabilidad, transitoriedad e impulso del sector.

“Esta prioridad tiene que ver con el desafío que representa para el país construir una institucionalidad que compatibilice la protección y el respeto de los derechos indígenas con el desarrollo económico”, sostiene el abogado, quien instaló un nuevo estudio boutique enfocado en asuntos indígenas, comunidades y derechos humanos.

Al recibir las propuestas en materia indígena, la mandataria anunció que con la celebración del año nuevo mapuche “We Tripantu” se iniciará el proceso de consultas con todos los pueblos originarios.

Para la investigadora del Centro de Estudios Públicos, Isabel Aninat, este convenio aún debe cerrar al menos cinco flancos que se mantienen abiertos.