Iniciativa quedó en suspendo desde octubre de 2019, justo cuando se trabajaba en un acuerdo entre el Gñobierno y los miembros de la comisión de Minería.

Iniciativa amplía el radio de las áreas de protección, de tal manera que las aguas subterráneas no sean afectadas por otras actividades aledañas; manteniendo así, la disponibilidad y sustentabilidad de los acuíferos.

Publicación detalla las diversas acciones que llevó a cabo la organización, en áreas como el relacionamiento, desarrollo normativo y técnico.

La iniciativa ha suscitado polémica porque impide la actividad extractiva en las reservas de agua y sus entornos. Aunque ya fue aprobada en general por el Senado, el Gobierno agregó indicaciones que pusieron en alerta a las organizaciones ambientalistas.

Respecto del proyecto de ley sobre protección de glaciares, Joaquín Villarino enfatizó en la necesidad de establecer correctamente el objeto de protección y la definición del activo ambiental.

Joaquín Villarino, director ejecutivo del organismo, asistió a la Comisión de Recursos Hídricos del Senado, instancia en la que expresaron sus reparos al proyecto de ley sobre el uso de agua de mar para desalinización.

De aprobarse el impuesto implicaría el cobro de 3% sobre lo explotado, mientras que hoy el tributo se establece de acuerdo a las inversiones de la minería.

La ministra de Energía, Susana Jiménez, dijo que la inciativa “permitirá generar un 7% de ahorro de energía con respecto al consumo final al 2035”, lo que equivale a US$2.400 y US$3.484 millones para 2030 y 2035, respectivamente.

El ministro de Minería, Baldo Prokurica, dijo que se está haciendo un esfuerzo “que haga compatible la actividad económica con el cuidado de los glaciares”.