“Nos parece una muy mala señal que en el último tiempo se haya rechazado una importante cantidad de proyectos no solo de desarrollo futuro minero, sino que también de continuidad operacional”, expresó Diego Hernández, presidente de la gremial.
“El royalty ad-valorem es un impuesto regresivo que afecta más a las mineras pequeñas y a las de costo más alto, disminuyendo la competitividad del sector, lo que es dañino para el país”, sostuvo el directivo.
Con ocasión de la Asamblea, el presidente de la gremial, Diego Hernández, hizo un balance de lo acontecido en el periodo que abarca la Memoria Anual, señalando que éste ha sido un periodo complejo.
Este es uno de los puntos abordados por el ejecutivo en la presentación del informe “Mine 2022: A critical transition”, respecto a la importancia de la minería en la contribución al cambio climático.
El presidente de la gremial, Diego Hernández, sostuvo que en este caso se ha adoptado la medida más fácil en lugar de diseñar soluciones técnicas viables que no impliquen cerrar esta instalación, «tirando por la a la basura toda la inversión que se ha materializado”.
En conversación con MINERÍA CHILENA, el presidente de la gremial, Diego Hernández, calificó el proyecto como una normativa “antiminería” e hizo un llamado a no aprobar la propuesta.
Diego Hernández, presidente de la gremial, propuso “poner un límite por volumen de producción, de modo que bajo ese límite no se aplique el Impuesto Específico a la Minería, de modo de fomentar el desarrollo de la pequeña y mediana minería”.
“Dicha Comisión ha mantenido su intransigencia y sesgo ideológico, impidiendo un acuerdo que dé garantías al desarrollo minero y las inversiones del sector”, sostuvo Diego Hernández, presidente de la gremial.
