Tras los plazos fijados con el MOP para modificar “sustantivamente” el Código de Aguas, distintos diputados retomaron la discusión de la “recuperación” del recurso. Todos coinciden en que se debe priorizar el consumo humano en las zonas de sequía.
El objetivo es materializar la promesa de la Presidenta: “reconocer a las aguas como un bien nacional de uso público”. Diputados oficialistas abogan por una reforma a la Constitución que apunte a su nacionalización.
En todo caso, la iniciativa no contempla declarar las aguas como un bien de uso público, lo que podría provenir de otras mociones en discusión o de una indicación sustitutiva del Gobierno.
“Como ejecutivo hemos decidido esperar lo que ahí se acuerde para reaccionar introduciendo indicaciones o para hacer nuestra propia propuesta”, indicó el delegado de Recursos Hídricos, Reinaldo Ruiz.
El gobierno salió a precisar el anuncio del discurso del 21 de mayo respecto a la nueva política hídrica. ¿Qué se busca? Que el Estado pueda intervenir cuencas, establecer usos prioritarios y limitar el uso de los derechos adquiridos bajo determinadas circunstancias. Entre los privados creció la preocupación e incluso se habla de expropiación encubierta.
Ministro de Minería, Hernán de Solminihac, presentó en la Cámara de Diputados, los alcances del proyecto de ley que establece una serie de iniciativas destinadas a impulsar la inversión minera.
